La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente José Antonio Kast eliminar el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos. La iniciativa, respaldada por 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, pide dejar sin efecto actos administrativos, circulares y resoluciones que promuevan estas fórmulas lingüísticas dentro de organismos estatales. Asimismo, plantea que el Ejecutivo dicte medidas para resguardar el uso del castellano conforme a las normas gramaticales tradicionales.
La propuesta fue impulsada por parlamentarios de la UDI, entre ellos Flor Weisse, Daniel Lilayu, Sergio Bobadilla, Cristóbal Martínez, Guillermo Ramírez, Marco Antonio Sulantay, Hotuiti Teao y Marlene Pérez. Según sus argumentos, durante la administración de Gabriel Boric se habría promovido el lenguaje inclusivo en distintas reparticiones públicas, especialmente en el ámbito educativo, lo que califican como una imposición ideológica vinculada a debates sobre identidad y género.
Los legisladores también sostienen que estas prácticas responderían a estrategias políticas de sectores que buscan representar a grupos históricamente excluidos. En esa línea, afirman que distintos procesos políticos recientes evidenciaron un rechazo ciudadano a este tipo de iniciativas, lo que, a su juicio, habría debilitado su legitimidad dentro de las políticas públicas.
Como respaldo, el texto cita pronunciamientos de la Real Academia Española (RAE), que ha defendido el uso convencional del idioma y el carácter inclusivo del masculino gramatical en determinados contextos. Del mismo modo, menciona orientaciones de Naciones Unidas que distinguen entre género gramatical, género entendido como construcción sociocultural y sexo biológico.
La resolución generó cuestionamientos desde organizaciones de diversidad sexual y derechos humanos. Por ejemplo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) advirtió que la medida podría afectar formas de expresión utilizadas para reconocer identidades trans y no binarias. Desde la organización señalaron que no existe una definición precisa de lo que se pretende prohibir y defendieron que el debate involucra aspectos de libertad de expresión y reconocimiento social, más allá de una discusión estrictamente lingüística.
