El Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido anuló este martes 10 de noviembre las leyes que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo en Trinidad y Tobago. La sentencia, adoptada por unanimidad, pone fin a una extensa disputa judicial y elimina disposiciones heredadas de la época colonial británica.
En concreto, el tribunal, con sede en Londres y máxima instancia de apelación del país caribeño, determinó que estas normas vulneraban el derecho fundamental a la vida privada y familiar. El juez Philip Sales sostuvo que criminalizar la intimidad entre personas adultas que consienten no puede justificarse en una sociedad que respeta las libertades individuales.
Por su parte, el activista LGBTIQ+ Jason Jones impulsó la impugnación constitucional en 2017. Su demanda cuestionaba artículos de la Ley de Delitos Sexuales de 1986, que contemplaban penas de hasta cinco años de prisión. Aunque estas disposiciones no se aplicaban en años recientes, organizaciones defensoras de derechos humanos advertían sobre su impacto discriminatorio.
Anteriormente, el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago había declarado inconstitucionales las normas en abril de 2018. Sin embargo, una corte de apelaciones revirtió parcialmente esa decisión en marzo de 2025, lo que permitió que el caso llegara a la instancia judicial británica.
Asimismo, el Consejo Privado rechazó el argumento de que las disposiciones estaban protegidas por cláusulas constitucionales destinadas a preservar leyes anteriores a la independencia. Los jueces consideraron que las modificaciones introducidas en 1986 constituían una nueva legislación susceptible de revisión.
Tras el fallo, la organización Pride TT valoró la despenalización, aunque advirtió que persisten situaciones de discriminación en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda y la salud. La resolución también podría influir en procesos judiciales similares en otros países del Caribe que mantienen leyes contra las relaciones homosexuales.
