La negativa del gobierno de José Antonio Kast a respaldar una declaración sobre derechos LGBTIQ+ en la OEA reactivó el debate sobre su enfoque en materia de derechos humanos, en ese contexto, organizaciones sociales advierten un giro respecto de la histórica posición internacional de Chile.
El documento, promovido por Canadá y otros países, reafirmaba la obligación de garantizar derechos sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, sin embargo, la delegación chilena optó por marginarse y anunció que intervendría de forma independiente, marcando distancia de un consenso regional.
Desde el Movilh calificaron la decisión como un retroceso inédito en la diplomacia chilena, al mismo tiempo, subrayaron que es la primera ocasión en que el país se resta de este tipo de compromisos en la OEA, debilitando una trayectoria ligada a la igualdad y la no discriminación.
Fundación Iguales también cuestionó la medida y enfatizó que no se trata de un gesto administrativo, más bien, advierten que proyecta una señal política con efectos concretos en la percepción internacional y en la confianza de las comunidades LGBTIQ+.
La controversia se profundiza al considerar que, durante su intervención, el propio gobierno destacó avances como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, aun así, evitó respaldarlos en un espacio multilateral, lo que para las organizaciones revela una postura ambigua.
Desde el Ejecutivo se argumenta que la decisión responde a la búsqueda de consensos regionales, no obstante, las críticas persisten y apuntan a que esta definición tensiona la coherencia entre el discurso oficial y las acciones en foros internacionales.
