La entrada en vigencia de la nueva Ley de Adopción quedó en suspenso luego de que el gobierno ordenara retirar de Contraloría el decreto que permitía su implementación, en ese contexto, la medida impacta directamente a niños, niñas y adolescentes que esperan una familia, así como a quienes buscan adoptar, en una normativa que llevaba más de una década de tramitación y que hoy vuelve a quedar sin plazos claros.
Aprobada en 2025 tras 12 años de debate legislativo, la ley buscaba modernizar el sistema y agilizar los procesos, por lo tanto, su diseño apuntaba a reducir las largas esperas que enfrentan quienes permanecen en residencias o familias de acogida. Entre sus cambios centrales, establecía límites más acotados para la revinculación familiar, fijando un máximo de 12 meses para evaluar si esta resulta viable, de esta manera, se intentaba evitar que la incertidumbre se extendiera durante años en etapas clave del desarrollo.
Además, la normativa proponía modificar los criterios de adopción, eliminando la prioridad automática de los matrimonios por sobre otros tipos de familia, en esa línea, abría la posibilidad de evaluar caso a caso, considerando quién puede responder mejor a las necesidades específicas de cada niño o niña. Esto incluía a personas solteras, parejas con acuerdo de unión civil y familias diversas, así como a cuidadores que ya hubiesen generado vínculos significativos.
Otro de los aspectos relevantes era el reconocimiento del derecho a la identidad, permitiendo mantener contacto con la familia de origen si así se desea, al mismo tiempo, se fortalecía una mirada centrada en los vínculos y en la historia personal de cada niño o niña, alejándose de modelos más restrictivos.
Desde organizaciones sociales, como Fundación Iguales, advirtieron que la paralización del reglamento retrasa avances que buscaban hacer el sistema más justo y accesible, en consecuencia, señalaron que el impacto recae directamente en quienes continúan esperando una familia. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que la medida responde a una revisión técnica del documento, sin embargo, las críticas apuntan a que esta decisión prolonga un escenario de incertidumbre para quienes dependen de su pronta implementación.
