En un fallo que ha sacudido a la comunidad LGBTIQ+ en Japón, el Tribunal Superior de Tokio determinó que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo no vulnera la Constitución del país. Con ello, se convierte en el primer tribunal de alto rango en contradecir otras cinco decisiones anteriores que señalaban la inconstitucionalidad de dicha exclusión legal.
El caso, iniciado por la organización Marriage for All Japan, reunió a ocho personas que argumentaban haber sido discriminadas por el Código Civil y el sistema de registro familiar, al negarles derechos básicos como la herencia o el acompañamiento hospitalario. No obstante, el tribunal no solo desestimó su reclamo, sino que también negó la compensación económica que solicitaban por daños y perjuicios.
Fuera del edificio judicial, la frustración era palpable. “¿Nos estaban escuchando?”, preguntó Hiromi Hatogai, una de las demandantes, visiblemente indignada. Su pareja, Shino Kawachi, agregó que la sentencia era incomprensible y que no contemplaba ni siquiera las vidas de las próximas generaciones. Mientras tanto, la activista Rie Fukuda expresó con firmeza que seguirán luchando por su derecho a casarse y ser felices.
A diferencia de Tokio, tribunales en ciudades como Osaka, Sapporo y Nagoya ya habían emitido fallos en los que señalaban que excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio representaba una forma de discriminación. Sin embargo, al no haber unanimidad en los criterios judiciales, la atención ahora se centra en el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse próximamente.
Aunque más de 5.000 parejas se han registrado como uniones civiles en gobiernos locales desde que se implementaron certificados de pareja en 2015, estas inscripciones carecen de valor legal pleno. Además, Japón sigue siendo el único país del G7 que no reconoce legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo, a pesar de que encuestas recientes muestran un creciente apoyo social al matrimonio igualitario.
La influencia conservadora del gobernante Partido Liberal Democrático, en el poder desde la posguerra casi sin interrupciones, ha sido clave en el estancamiento legislativo. Su actual lideresa, la primera ministra Sanae Takaichi, se ha mostrado abiertamente contraria a legalizar el matrimonio igualitario, calificándolo como un tema “muy complejo”. En paralelo, grupos religiosos ultraconservadores, como la Iglesia de la Unificación, han jugado un papel ideológico en contra de los avances en derechos LGBTIQ+.
Frente a este contexto adverso, activistas y organizaciones como Amnistía Internacional han alzado la voz, denunciando que la sentencia de Tokio representa un retroceso alarmante. A pesar de ello, la sociedad civil japonesa continúa movilizándose, confiando en que la justicia o el Parlamento den un paso hacia la igualdad real.
