Un proyecto ingresado al Senado busca incorporar al Código Penal delitos específicos para sancionar atentados graves contra la dignidad y la igualdad, la incitación pública al odio y determinadas formas de negacionismo. En concreto, la moción fue presentada por Francisco Huenchumilla (DC), Diego Ibáñez (FA), Claudia Pascual (PC) y Beatriz Sánchez (FA), y será revisada por la Comisión de Constitución.
La propuesta apunta a cubrir vacíos que, según sus autores, persisten pese a la Ley Zamudio, que contempla una acción contra la discriminación arbitraria y multas de hasta 50 UTM. De este modo, se pretende crear una figura penal autónoma para abordar conductas discriminatorias graves que actualmente pueden quedar sujetas a normas generales.
El proyecto castigaría las expresiones públicas gravemente humillantes, denigrantes o vejatorias dirigidas contra personas o grupos por razones como raza, pertenencia a pueblos originarios, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, sexo, edad u opinión política. Para estos casos, plantea penas de 61 días a tres años de cárcel y multas de 50 a 200 UTM.
En tanto, fomentar o incitar públicamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia podría significar entre 541 días y cinco años de presidio, además de multas de 200 a 400 UTM. Estas sanciones también alcanzarían ciertas formas agravadas de negacionismo de genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o terrorismo de Estado, así como la difusión de material destinado a promover dichas conductas.
Además, las penas podrían aumentar cuando los hechos ocurran en espacios públicos, medios de comunicación o plataformas digitales de amplio alcance, afecten a menores de edad o personas mayores, o sean cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos. Los tribunales también podrían ordenar retirar o bloquear contenidos digitales.
Por otra parte, la iniciativa establece resguardos para la libertad de expresión: excluye las manifestaciones realizadas de buena fe en debates académicos, periodísticos, religiosos, artísticos, parlamentarios o políticos, además de la información veraz de interés público. En paralelo, el Movilh valoró la moción y sostuvo que permitiría enfrentar una brecha legal frente a agresiones que afectan, entre otros grupos históricamente discriminados, a las personas LGBTIQ+.
