El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concedió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes durante los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast. Según informó Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 se aprobaron 27 reducciones por abuso sexual y 29 por violación, mientras que solo una solicitud fue rechazada.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la Subsecretaría de Justicia mediante el oficio ORD. 7067, la cartera emitió, en promedio, un decreto cada tres días. Asimismo, las solicitudes fueron tramitadas administrativamente, sin necesidad de presentar recursos judiciales. El procedimiento contempla la evaluación de conducta de Gendarmería, la verificación de requisitos y la revisión de antecedentes por parte del ministerio.
En cuanto al marco legal, la Ley 19.856 regula estas reducciones, aunque una modificación de 2022 excluyó del beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, persiste una controversia jurídica sobre la aplicación de esa restricción a delitos cometidos antes de su entrada en vigor.
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones y aseguró que se aplicó la doctrina establecida por la Corte Suprema en fallos anteriores. Por su parte, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, señaló que no contaba con información suficiente sobre los casos.
Desde el Congreso, parlamentarios oficialistas y opositores manifestaron reparos al procedimiento. La bancada del Partido Comunista anunció que estudia interpelar al ministro Rabat, mientras otros legisladores solicitaron explicaciones al Presidente y cuestionaron que las rebajas se concedieran sin intervención judicial previa.
En paralelo, la Defensoría de la Niñez exigió transparentar los fundamentos técnicos y jurídicos de las resoluciones. Su titular, Anuar Quesille, advirtió sobre la necesidad de resguardar los derechos de las víctimas y anunció que el organismo supervisará los casos, sin descartar acciones administrativas o judiciales.
