El más reciente informe del Movilh sobre derechos humanos de las diversidades sexuales advierte un escenario inquietante en Chile: las denuncias por discriminación aumentaron un 27,1% en 2025, alcanzando 3.620 casos. En este contexto, la cifra no solo marca un récord histórico, sino que también evidencia un deterioro sostenido en las condiciones de protección para las personas LGBTIQ+. Asimismo, el documento identifica un quiebre en el consenso político que antes situaba estos derechos fuera de disputas ideológicas.
Durante el período, distintas formas de violencia se intensificaron y diversificaron. Por ejemplo, crecieron de manera significativa las agresiones policiales, las campañas de odio y las exclusiones en espacios cotidianos. Al mismo tiempo, los discursos homo/transfóbicos —principalmente en redes sociales— se consolidaron como la expresión más frecuente, con miles de registros. En paralelo, solo algunas categorías mostraron descensos, aunque estos no logran compensar la tendencia general al alza.
Uno de los focos más críticos fue la violencia dirigida hacia personas trans. De hecho, concentraron cerca del 40% de los casos, con especial impacto en niñeces y adolescencias. En esa línea, el informe vincula esta situación tanto a retrocesos institucionales como a campañas organizadas que buscan limitar derechos. Por otro lado, gays y lesbianas también registraron aumentos relevantes en los abusos, reflejando un clima adverso más amplio.
La discriminación, además, se expandió territorialmente. En efecto, aunque Valparaíso y la Región Metropolitana siguen concentrando denuncias, en la mayoría del país los casos crecieron. Esto sugiere un desplazamiento hacia zonas con menor visibilidad del debate LGBTIQ+. Sumado a ello, el espacio digital se consolidó como un terreno clave para la propagación del odio, amplificando su alcance y normalización.
El informe también cuestiona el rol del Estado. Por una parte, detecta retrocesos impulsados desde el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente en políticas que afectan a personas trans. Por otra, destaca avances puntuales del Poder Judicial, que emitió fallos relevantes contra la discriminación. Sin embargo, esta coexistencia de medidas revela una institucionalidad fragmentada y poco consistente.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTIQ+ han reforzado su articulación. Así, impulsaron iniciativas culturales, educativas y políticas que buscan contrarrestar discursos de odio. A la vez, el aumento de personas que se reconocen abiertamente como parte de la diversidad sugiere que, pese a la adversidad, la visibilidad sigue siendo una forma de resistencia.
