El rechazo a la reforma judicial impulsada por Giorgia Meloni marcó un freno político para la ultraderecha en Italia, tras un referéndum celebrado el 22 y 23 de marzo en el que el “No” se impuso con más del 53% de los votos. En este sentido, la participación cercana al 59% evidenció un alto nivel de movilización ciudadana, inusual en este tipo de consultas, y convirtió la votación en algo más que un trámite técnico.
La propuesta del Gobierno buscaba modificar aspectos clave de la Constitución, como la separación entre jueces y fiscales o la reorganización del órgano de gobierno judicial. Sin embargo, amplios sectores de la magistratura y la oposición advirtieron que estos cambios podían traducirse en una mayor injerencia política sobre la justicia, debilitando los contrapesos democráticos.
Durante los meses previos, el Ejecutivo intensificó sus tensiones con el poder judicial, especialmente ante fallos que obstaculizaban sus políticas migratorias. En paralelo, el referéndum terminó funcionando como un termómetro político donde gran parte del electorado optó por posicionarse a favor o en contra del Gobierno más que por los detalles técnicos de la reforma.
El resultado abre ahora un nuevo escenario político de cara a las elecciones del próximo año. De hecho, figuras opositoras como Elly Schlein y Giuseppe Conte interpretan la derrota como el inicio de una nueva etapa, mientras algunos sectores incluso sugieren adelantar la confrontación electoral.
Aunque Meloni descartó dimitir y aseguró que continuará con su agenda, el golpe expone límites en su base de apoyo. Al mismo tiempo, el mapa del voto mostró un rechazo extendido incluso en regiones gobernadas por la derecha, con picos urbanos contundentes que refuerzan la idea de una ciudadanía dispuesta a intervenir cuando percibe riesgos sobre el equilibrio institucional.
