La ONG Escazú Ahora presentó su segundo informe anual sobre la situación de los defensores del medioambiente en Chile, revelando un preocupante aumento de la violencia. En particular, las agresiones físicas se triplicaron en 2024 respecto al año anterior, alcanzando 47 casos que afectaron a 27 personas. De estos ataques, el 48,9% fueron de carácter físico y, dentro de este grupo, las mujeres resultaron ser las más vulnerables, representando el 70,2% de las víctimas.
El documento destaca que la violencia contra quienes protegen el medioambiente no solo ha crecido en cantidad, sino también en intensidad. Además, se ha identificado un aumento en el uso de mecanismos judiciales como una forma de hostigamiento, incluyendo demandas y querellas dirigidas contra activistas. En este contexto, la criminalización de la protesta ambiental se ha convertido en una estrategia recurrente para silenciar a quienes denuncian daños ecológicos.
Las mujeres defensoras han sido blanco constante de agresiones, lo que revela un patrón de violencia que no solo busca frenar su activismo, sino también cuestionar su presencia en espacios de lucha medioambiental. Según el informe, muchas han sido atacadas en múltiples ocasiones a lo largo del año. “La violencia que enfrentan las mujeres defensoras va desde amenazas hasta agresiones físicas directas, pero también incluye intentos de deslegitimarlas por su género”, explicó Francisca Stuardo, editora del informe.
El sector forestal emerge como el principal foco de conflictividad, concentrando el 38,3% de las amenazas y el 91,3% de los casos de violencia física. A esto se suman el sector del saneamiento ambiental y el energético, ambos con un 17% de las agresiones registradas. En este sentido, la expansión de proyectos industriales sin consulta previa ha sido un detonante clave en el aumento de estos ataques.
Otro aspecto central del informe es la falta de acceso a la justicia para las personas defensoras. De los casos denunciados, el 53,1% sigue en trámite, mientras que solo un 2,1% ha logrado una resolución favorable. Más alarmante aún, en el 38,2% de las agresiones reportadas, las víctimas optaron por no presentar acciones legales, ya sea por temor a represalias o por desconfianza en el sistema judicial.
Frente a este panorama, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados ha comenzado a discutir un proyecto de ley para proteger a los defensores ambientales. “No podemos permitir que la defensa del medioambiente se convierta en una condena de violencia. La legislación actual es insuficiente y debe ser fortalecida con urgencia”, señaló Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora.
