El Gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección de Donald Trump, ha implementado una medida que redefine las reglas del juego para la comunidad migrante en el país. Desde el pasado martes, las redadas migratorias podrán llevarse a cabo en lugares que durante años se consideraron “zonas protegidas”, como iglesias, hospitales y escuelas. Con este cambio, los espacios que antes ofrecían cierta sensación de seguridad para las personas migrantes, independientemente de su estatus legal, se han transformado en zonas de potencial vigilancia y detención.
La decisión, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), responde a una de las promesas de campaña de Trump: llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de la historia. En este contexto, se revocaron las directrices de la administración de Joe Biden, que establecían restricciones específicas para evitar redadas en lugares esenciales para la vida diaria de las personas migrantes, incluyendo no solo escuelas y hospitales, sino también albergues para víctimas de violencia doméstica, funerarias y puntos de respuesta ante desastres naturales. Además, estas normas, vigentes desde 2011, buscaban evitar que las personas migrantes se abstuvieran de buscar atención médica, apoyo social o incluso practicar su fe por temor a ser arrestadas.
El cambio de enfoque no solo afecta las ubicaciones consideradas sensibles, sino también la implementación del parole humanitario. Este programa, que permite la entrada temporal al país por razones humanitarias urgentes, ha sido reducido a una revisión caso por caso, eliminando el enfoque más amplio que permitía a comunidades enteras de países como Venezuela, Haití y Nicaragua acceder a esta protección. Así, cientos de miles de personas que vivían y trabajaban en Estados Unidos bajo este estatus ahora enfrentan una mayor incertidumbre y el riesgo inminente de deportación.
La administración Trump ha defendido estas medidas con un discurso que refuerza la narrativa de la seguridad nacional. Según un comunicado oficial, estas acciones «empoderan» a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para «atrapar a criminales extranjeros». Sin embargo, las declaraciones también perpetúan la idea de que las personas migrantes se esconden en escuelas e iglesias para evadir la justicia, una afirmación que no ha sido respaldada con datos concretos. De este modo, el lenguaje utilizado no solo estigmatiza a la comunidad migrante, sino que además genera un ambiente de temor generalizado entre quienes dependen de estos espacios para su bienestar físico, emocional y espiritual.
La normativa revocada por Trump había sido instaurada con el objetivo de garantizar que las personas migrantes pudieran acceder a servicios básicos y derechos fundamentales sin temor a la deportación. Por ejemplo, el memorando firmado por John Morton en 2011 subrayaba que las operaciones en locaciones sensibles debían ser una excepción, limitadas a circunstancias extremas como riesgos de violencia o amenazas terroristas. Durante más de una década, estas directrices ofrecieron una mínima sensación de protección a una población que ya enfrenta múltiples vulnerabilidades. Sin embargo, la administración actual ha decidido revertir este principio, argumentando que las manos de las fuerzas del orden no deben estar “atadas” por estas limitaciones.
El impacto de esta decisión se extiende más allá de las acciones inmediatas de las agencias migratorias. En la práctica, la eliminación de las zonas protegidas genera un clima de inseguridad en comunidades migrantes, que ahora podrían evitar buscar atención médica, participar en actividades escolares o acudir a eventos religiosos por temor a ser arrestadas. Esto, a su vez, podría tener efectos negativos en la salud pública, la cohesión social y el acceso a derechos básicos.
Por su parte, el parole humanitario, cuyo propósito inicial era ofrecer una vía de entrada temporal para casos de emergencia, ha sido señalado como un programa que fue “abusado” durante la administración Biden para permitir el ingreso masivo de personas migrantes. A pesar de esta acusación, no se ha anunciado su eliminación definitiva, sino un retorno a su implementación original, lo que implica un proceso individualizado y más restrictivo. Este giro, aunque presentado como una medida para garantizar el orden y la seguridad, en realidad dificulta el acceso a esta herramienta para quienes más la necesitan, dejando a miles en una situación de vulnerabilidad extrema.
Las nuevas directrices no solo representan un cambio de política migratoria, sino también un cambio de paradigma que redefine el trato hacia las personas migrantes en Estados Unidos. En el fondo, estas decisiones no solo buscan hacer cumplir la ley, sino también reforzar una narrativa que criminaliza a quienes cruzan las fronteras en busca de mejores oportunidades. Con ello, el panorama para la población migrante se torna más incierto y, sobre todo, más hostil.
