El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una controvertida orden ejecutiva que obliga a las prisiones federales a recluir a mujeres transgénero en instalaciones destinadas a hombres, eliminando además los tratamientos médicos relacionados con la transición de género. En consecuencia, esta medida ha despertado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales, quienes advierten sobre sus graves implicaciones para la seguridad y salud de las personas trans encarceladas.
La orden, titulada «Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal», también se extiende a los centros de detención de inmigrantes y prohíbe el uso de fondos públicos para tratamientos hormonales o quirúrgicos que busquen la reafirmación de género. Según Trump, esta política busca contrarrestar lo que él describe como «esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo». Sin embargo, defensores de los derechos transgénero han denunciado que estas disposiciones aumentarán los riesgos de violencia y aislamiento para una población ya extremadamente vulnerable.
De acuerdo con el Buró de Prisiones, aproximadamente 2.250 personas transgénero se encuentran actualmente bajo custodia en prisiones federales, de las cuales más de 1.500 son mujeres trans. Aunque representan menos del 1% de la población carcelaria total, las personas transgénero tienen 10 veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual en comparación con otros reclusos, según datos federales. Ante este panorama, Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, advirtió que la política «incrementará significativamente las agresiones físicas y sexuales en las prisiones».
La prohibición de tratamientos médicos ha sido igualmente condenada. Expertos en salud, como la Asociación Médica Estadounidense, sostienen que estas intervenciones son esenciales para abordar la disforia de género, una condición médica reconocida. No obstante, la nueva política niega estos procedimientos, desestimando incluso precedentes legales que garantizan el acceso a atención médica para reclusos. En 2022, un juez federal en Illinois ordenó que una reclusa trans recibiera cirugía de reasignación de género, considerando que la negación de este tratamiento violaba la Octava Enmienda.
Activistas como Jasmine Tasaki, directora ejecutiva de Black and Pink, subrayan que la falta de acceso a tratamientos médicos puede provocar depresión severa y un deterioro significativo en la salud mental de las personas trans encarceladas. Además, el confinamiento en solitario, frecuentemente utilizado como una medida de «protección», ha sido denunciado por su impacto negativo en la salud psicológica de los reclusos trans.
Desde el ámbito legal, expertos anticipan que la orden podría enfrentar múltiples desafíos en los tribunales. Richard Saenz, abogado de Lambda Legal, recordó que los sistemas penitenciarios están constitucionalmente obligados a proteger a las personas vulnerables bajo su custodia. En el mismo sentido, la Corte Suprema reconoció en 1994, a través del caso Farmer v. Brennan, que la violencia contra personas transgénero en prisión debe prevenirse activamente.
Las organizaciones LGBTQ+ ya se están movilizando para desafiar la implementación de esta orden ejecutiva, mientras que los temores entre las personas trans afectadas se intensifican. Dee Farmer, líder del grupo Fight4Justice y demandante en el caso de 1994, aseguró haber recibido múltiples llamadas de mujeres trans preocupadas por su seguridad bajo estas nuevas medidas.
