La administración de Donald Trump ha impuesto nuevas restricciones al acceso a la profilaxis prexposición (PrEP) en el extranjero, afectando gravemente a la comunidad LGBTQ+ y a otros grupos considerados de riesgo de contraer VIH. En este contexto, un memorando del Departamento de Estado, fechado el 6 de febrero, establece que solo las mujeres embarazadas y lactantes podrán recibir PrEP a través del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR). Esto significa que hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas trans y trabajadoras sexuales quedan excluidos de este programa de prevención, lo que incrementa significativamente su vulnerabilidad frente al VIH.
El problema se agrava con la orden ejecutiva de Trump que impuso una congelación de 90 días en la ayuda exterior. Aunque el secretario de Estado Marco Rubio emitió una exención humanitaria que permite la distribución de algunos medicamentos contra el VIH, esta exención explícitamente prohíbe la financiación de programas asociados con la “ideología de género” y la “cirugía transgénero”. Como resultado, cualquier organización que brinde apoyo a la comunidad trans o LGBTQ+ no puede acceder a estos fondos sin una aprobación expresa del gobierno.
Las consecuencias ya son visibles. El programa PEPFAR, que en 2024 brindó tratamientos antirretrovirales a más de 20 millones de personas y sumó 2.5 millones de nuevos usuarios de PrEP, ha visto paralizados muchos de sus servicios. En Kenia, el cierre del proyecto “Fahari ya Jamii” ha dejado sin empleo a más de 700 trabajadores y ha cerrado 150 clínicas, según reportes de medios internacionales. Además, ONUSIDA estima que, desde la implementación de esta política, se han producido más de 3,000 nuevas infecciones por VIH en todo el mundo.
La comunidad internacional ha reaccionado con indignación. Organizaciones como Human Rights Watch y la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA (AVAC) han condenado la medida, advirtiendo que la suspensión de PEPFAR podría resultar devastadora. En respuesta, varias organizaciones han emprendido acciones legales contra Trump, Rubio y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, argumentando que esta decisión es ilegal y viola derechos fundamentales.
A esto se suma el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la entidad encargada de distribuir gran parte de la ayuda exterior. La administración de Trump, con el respaldo de Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha cerrado el sitio web de USAID y ha despedido o suspendido a una gran parte de su personal. Esta ofensiva contra las agencias de ayuda internacional ha dejado a millones de personas sin acceso a recursos esenciales para la prevención y el tratamiento del VIH, poniendo en riesgo innumerables vidas en el proceso.
