El fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Trinidad y Tobago el pasado 25 de marzo ha devuelto a la ilegalidad las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, revirtiendo un avance que se había logrado en 2018 cuando un tribunal declaró inconstitucionales las leyes de sodomía del país. Con ello, se reactiva un marco legal que penaliza no solo a las parejas LGBTQ+, sino también ciertos actos sexuales entre personas heterosexuales, evidenciando la profundidad del retroceso.
La decisión judicial ha tenido un impacto inmediato tanto a nivel nacional como internacional. Activistas por los derechos humanos, incluyendo a Jason Jones, quien lideró la demanda original desde el Reino Unido, han condenado la medida, señalando que convierte nuevamente a las personas LGBTQ+ en “ciudadanos de segunda clase”. Además, la indignación se ha extendido a organizaciones como Caribe Afirmativo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han recordado que la criminalización de la diversidad sexual contradice principios internacionales de igualdad y dignidad.
La sentencia dividió opiniones dentro del propio tribunal: dos jueces apoyaron la reinstauración de las leyes previas, mientras uno se pronunció en contra. A pesar de ello, se reinstauraron las normas del Código Penal de 1925, con penas menores, pero con el mismo efecto estigmatizante. Según el análisis del periodista Rob Salerno, esta decisión pone a Trinidad y Tobago nuevamente en la lista de los 66 países que penalizan la homosexualidad, un panorama alarmante cuando otros estados del Caribe, como Barbados o Antigua y Barbuda, han avanzado hacia la despenalización.
Aunque Jason Jones anunció que llevará su apelación al Comité Judicial del Consejo Privado en el Reino Unido, las expectativas no son optimistas. Esto se debe a que, en fallos recientes, este tribunal ha sostenido la validez de las “cláusulas de salvaguarda” que protegen leyes coloniales del escrutinio constitucional. Mientras tanto, el debate sobre la descolonización legal y la necesidad de adoptar cortes regionales más progresistas, como el Tribunal de Justicia del Caribe, vuelve al centro de la discusión política.
