En una decisión que marca un importante revés para los derechos de niñxs y adolescentes trans en Chile, el Senado ratificó la postura de la Cámara de Diputados al rechazar la asignación de recursos al Ministerio de Salud (Minsal) para financiar terapias hormonales a menores de 18 años en el presupuesto 2025. Este desenlace se dio tras intensos debates y desacuerdos en torno a cómo garantizar derechos sin pasar por alto el consentimiento de las familias.
A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, que buscó negociar con sectores de la oposición para alcanzar un acuerdo que permitiera mantener los recursos, las propuestas no prosperaron. El gobierno había sugerido que la decisión final sobre las terapias hormonales quedara exclusivamente en manos de los padres o tutores legales, eliminando la intervención de tribunales en caso de discrepancias. Sin embargo, una indicación clave fue ingresada fuera de plazo, lo que bloqueó su votación al no conseguir la unanimidad requerida.
El conflicto se agudizó en el debate parlamentario, donde senadores oficialistas y opositores cruzaron argumentos sobre derechos, procedimientos y reglamentos. La senadora Luz Ebensperger (UDI) criticó la introducción tardía de la indicación, calificándola como un intento fuera de acuerdo, mientras que el senador Felipe Kast (Evópoli) defendió que la medida reforzaba el rol parental en decisiones médicas sensibles. En contraste, parlamentarios como Rojo Edwards (exrepublicano) acusaron al gobierno de intentar «pasar gato por liebre», cuestionando la transparencia del proceso.
Finalmente, la votación concluyó con un rechazo de 22 votos contra 20, lo que dejó sin financiamiento estatal el acceso a estos tratamientos para menores trans. Argumentos relacionados con la viabilidad reglamentaria y los límites del acuerdo fueron determinantes, según los legisladores que se opusieron.
El impacto de la decisión no tardó en generar reacciones. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, subrayó que cualquier tratamiento médico en menores requiere el consentimiento de los padres, conforme a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Además, aclaró que el programa de acompañamiento a la identidad de género, al cual se ha vinculado la polémica, es únicamente un apoyo psicosocial que no incluye intervenciones médicas ni farmacológicas.
Desde organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), se denunció que la negativa del Senado perpetúa barreras de acceso a la salud para niños, niñas y adolescentes trans, especialmente en familias de bajos ingresos. Javiera Zúñiga, vocera del Movilh, catalogó la decisión como transfóbica y basada en prejuicios ideológicos, instando al gobierno a recurrir al Tribunal Constitucional para revertir lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales.
Por otro lado, quienes defendieron el rechazo argumentaron que existían riesgos asociados a las terapias hormonales y abogaron por un mayor análisis sobre los efectos a largo plazo de estos tratamientos. Estas preocupaciones, sin embargo, han sido desmentidas por la evidencia internacional que respalda su seguridad y eficacia cuando se realizan bajo supervisión médica.
Este episodio deja en evidencia profundas tensiones políticas y sociales en torno a los derechos de las personas trans en el país, además de cuestionamientos sobre cómo el Estado debe responder a las necesidades de grupos históricamente discriminados. En tanto, la falta de consenso impide avanzar hacia soluciones que combinen la garantía de derechos con el respeto a las familias, dejando a menores trans en una situación de vulnerabilidad extrema.
