Apple ha sido sancionada en Rusia con una multa que asciende a 10,5 millones de rublos —alrededor de 130.000 dólares—, dividida en cuatro procesos administrativos. En concreto, tres de estos casos se vinculan con supuestas infracciones a la legislación rusa que prohíbe la “propaganda LGBT”, una normativa que desde enero de 2024 penaliza casi cualquier expresión pública de diversidad sexual o de género.
Según se informó, el tribunal del distrito Taganski en Moscú declaró culpable a Apple Distribution International Ltd de tres delitos administrativos por contenidos considerados como «promoción de relaciones sexuales no tradicionales». Cada uno de estos cargos implicó una multa de 2,5 millones de rublos. Además, la empresa recibió una sanción adicional de tres millones por no restringir el acceso a material que las autoridades rusas catalogan como ilegal, aunque no se especificó de qué contenido se trata.
Cabe destacar que, durante el juicio, la defensa legal de Apple solicitó que las audiencias se realizaran a puerta cerrada. Esto ha impedido conocer con exactitud los argumentos utilizados por la justicia rusa para sustentar los cargos. La empresa, hasta el momento, no ha emitido ningún comentario público sobre el caso.
Este episodio se suma a una serie de medidas represivas impulsadas por el gobierno de Vladimir Putin contra la comunidad LGBTIQ+. Desde la ampliación de la ley en 2023, han aumentado las detenciones, las censuras a contenidos digitales y las sanciones contra personas y empresas por mostrar apoyo o representar identidades disidentes. Incluso, plataformas como Duolingo han debido retirar contenido inclusivo, y caricaturas infantiles como My Little Pony han sido clasificadas como inapropiadas para menores.
Paralelamente, organizaciones de derechos humanos denuncian que el Estado ruso estaría elaborando una base de datos para registrar a personas identificadas como parte del movimiento LGBTIQ+, al que el gobierno califica de “extremista”. Esta catalogación abre la puerta a cargos criminales más severos y a una vigilancia sistemática de activistas y ciudadanos queer en todo el país.
