El Partido Republicano vuelve a cargar contra la industria del porno, esta vez con una propuesta legislativa que busca imponer una prohibición total a nivel federal. Presentado por el senador de Utah Mike Lee y la representante de Illinois Mary Miller, el proyecto plantea una redefinición radical del concepto de “obscenidad” en la Ley de Comunicaciones de 1934. De este modo, el contenido considerado sexualmente estimulante podría ser perseguido sin necesidad de demostrar intención maliciosa.
A diferencia de anteriores intentos, esta nueva iniciativa tiene como objetivo eliminar cualquier tipo de protección legal para materiales que “describan o representen actos sexuales reales o simulados con la intención de excitar”. Además, amplía el alcance de la definición para incluir incluso aquel contenido que carezca de valor “literario, artístico, político o científico serio”. Por consiguiente, cualquier expresión sexual que no cumpla con estos estándares podría ser criminalizada.
Mike Lee ha impulsado legislaciones similares en años anteriores, aunque sin éxito. Sin embargo, analistas advierten que el clima político actual es más hostil hacia la libertad de expresión sexual. Iniciativas como el Project 2025, respaldado por think tanks conservadores, ya sugieren un futuro gobierno de Trump con una agenda explícita para eliminar la pornografía del espacio digital. En ese contexto, lo que antes parecía inviable podría estar más cerca de concretarse.
Quienes trabajan en la industria del entretenimiento para adultos, incluyendo creadores de contenido LGBTQ+ en plataformas como OnlyFans, están alarmades. Alana Evans, presidenta del sindicato Adult Performance Artists Guild, denunció que esta ley representa “un verdadero problema” y advirtió que las restricciones podrían afectar desde la literatura erótica hasta el modelaje en lencería. Por lo tanto, no se trata sólo de pornografía tradicional, sino de un ataque a toda forma de expresión sexualizada.
Simultáneamente, plataformas como PornHub ya enfrentan restricciones en varios estados por leyes de verificación de edad, lo cual anticipa un escenario aún más restrictivo si la nueva ley prospera.
