El presidente de la República Checa, Petr Pavel, firmó una reforma al código penal que criminaliza la promoción de la “ideología comunista”, colocándola en el mismo nivel legal que el nazismo. De este modo, el nuevo marco legal permite castigar con hasta cinco años de prisión a quienes impulsen movimientos que presuntamente busquen “suprimir derechos humanos o incitar al odio por razones raciales, religiosas, étnicas, nacionales o de clase”.
En tanto, desde el Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM), actualmente fuera del Parlamento, se denunció la reforma como una estrategia para eliminar opositores incómodos del tablero político. La eurodiputada Kateřina Konečná, líder del partido, aseguró que se trata de “otro intento fallido por ilegalizar al KSČM e intimidar a la crítica social”. Hasta ahora, no está claro cómo se aplicará esta legislación a partidos políticos que aún operan legalmente.
Este giro normativo, impulsado por instituciones como el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, busca “corregir” lo que consideran un desequilibrio histórico en el tratamiento legal de lo que llaman “extremismos del siglo XX”. Sin embargo, la decisión de equiparar jurídicamente el comunismo con el nazismo abre un debate profundo sobre cómo se construye la memoria histórica y qué narrativas tienen lugar en el espacio público.
Cabe recordar que la República Checa formó parte de la antigua Checoslovaquia y vivió bajo el control del Partido Comunista durante más de cuatro décadas, hasta la Revolución de Terciopelo de 1989. A partir de entonces, el país transitó hacia una república parlamentaria, sin romper del todo con su pasado socialista.
En las elecciones de 2021, el KSČM no superó el umbral del 5%, quedando sin representación parlamentaria por primera vez desde 1920. No obstante, su nueva alianza, llamada «Stačilo» («Basta»), ha repuntado en los sondeos, acercándose al mínimo necesario para volver al Parlamento en octubre.
