En un contexto de crisis demográfica y prolongada guerra, el presidente ruso Vladimir Putin ha aprobado nuevas leyes destinadas a promover la natalidad y proteger lo que su gobierno considera «valores tradicionales». Entre las medidas, destacan la prohibición de lo que califican como «propaganda de vida sin hijos» y restricciones para la adopción de niños rusos por ciudadanos de países que permiten la reasignación de género sin límites de edad.
Putin firmó este sábado una ley que penaliza la promoción de una «vida sin hijos» a través de internet, los medios, el cine y la publicidad. Las multas para quienes infrinjan esta norma oscilan entre 1.800 y 9.200 euros, dependiendo del infractor. Sin embargo, Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, aseguró que esta ley no busca atacar las decisiones personales de las mujeres, sino combatir lo que considera «tendencias destructivas» para las nuevas generaciones.
Según Volodin, el objetivo es reforzar la orientación hacia los valores familiares y revertir la alarmante caída de la tasa de natalidad. Durante el primer semestre de 2024, Rusia registró su índice más bajo de nacimientos en 25 años, con 599.600 bebés, 16.000 menos que el año anterior. Además, la población total, que llegó a ser de 149 millones en 1990, actualmente ronda los 144 millones y podría disminuir hasta 133 millones en 2050, según proyecciones.
La crisis demográfica en Rusia se ve agravada por la guerra en Ucrania, que no solo ha generado pérdidas humanas significativas —se reportan hasta 500.000 bajas—, sino que también ha llevado a muchas parejas a posponer o abandonar sus planes de formar familias. Asimismo, el incremento de la emigración y el descenso de los salarios complican aún más el panorama.
Para contrarrestar esta situación, el Kremlin ha intensificado sus incentivos pro-natalidad, animando a las mujeres a tener al menos tres hijos y presentando a Rusia como un bastión de valores tradicionales en oposición a un Occidente que consideran decadente. No obstante, estas políticas se suman a un marco legal cada vez más restrictivo, que incluye prohibiciones sobre la promoción de relaciones no tradicionales y la libertad de expresión respecto al conflicto ucraniano.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, las perspectivas no son alentadoras. Desde 2016, las muertes superan a los nacimientos en Rusia, y aunque la inmigración ha amortiguado parcialmente el declive poblacional, el endurecimiento de las políticas migratorias y la precariedad laboral dificultan que esta tendencia se mantenga.
Con estas leyes, el gobierno ruso busca redirigir el rumbo demográfico, pero las críticas por su impacto en las libertades individuales y los derechos humanos no han tardado en surgir.
