Una mujer transgénero, actualmente detenida en una prisión federal, presentó una demanda en contra de la orden ejecutiva emitida por Donald Trump en su primer día de regreso a la presidencia. La normativa ordena al gobierno de Estados Unidos reconocer únicamente dos sexos biológicos inmutables, alojar a mujeres trans en prisiones para hombres y suspender el financiamiento de cuidados médicos de afirmación de género para personas encarceladas. En este contexto, la demandante argumenta que estas disposiciones violan tanto la Constitución como leyes federales vigentes.
El caso, presentado en un tribunal federal de Boston, cuenta con el respaldo de organizaciones como GLBTQ Legal Advocates & Defenders. La demanda, calificada como la primera en impugnar esta orden a nivel nacional, señala que al exigir el alojamiento de personas trans en prisiones correspondientes al sexo asignado al nacer, la normativa discrimina por motivos de sexo, lo cual contraviene los derechos de debido proceso protegidos por la Quinta Enmienda. Además, argumenta que el traslado de la demandante a una prisión masculina vulnera la Octava Enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales, y la privación de cuidados médicos necesarios infringe la Ley de Rehabilitación de 1973.
Bajo el pseudónimo de Maria Moe, la demandante relata que, un día después de la firma de la orden, el Buró Federal de Prisiones le notificó su transferencia inminente a una cárcel para hombres. Asimismo, según la demanda, el organismo alteró su identificación de género en los registros oficiales, pasando de «femenino» a «masculino», y suspendió su acceso a la terapia hormonal que había recibido desde la adolescencia para tratar la disforia de género. Este diagnóstico clínico describe el malestar profundo que surge de la incongruencia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer.
Los abogados de Moe advierten que un traslado a una prisión masculina la expondría a un alto riesgo de violencia, abuso y agresión sexual. Por esta razón, solicitan que un juez declare inconstitucional la orden ejecutiva y ordene que se mantengan las condiciones actuales de alojamiento y atención médica de su representada.
Ni el Departamento de Justicia de EE. UU. ni los abogados de Moe ofrecieron declaraciones al respecto. Mientras tanto, la demanda, accesible inicialmente a través de Reuters, fue sellada por motivos que aún no han sido esclarecidos.
