El estremecedor caso de un niño de 13 años esclavizado por su madrastra en Iquique ha sacudido a la opinión pública chilena, no solo por la brutalidad de los hechos, sino además por las implicancias de violencia homofóbica que denuncia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En ese contexto, la organización ha solicitado que la Unidad de Género de la Fiscalía se haga cargo del caso para garantizar una investigación que contemple las motivaciones discriminatorias detrás de los maltratos.
Según los antecedentes revelados en la audiencia de formalización, el menor fue víctima de agresiones sistemáticas durante casi dos años. Dormía en el patio, comía sobras —cuando comía—, no tenía acceso al baño, y recibía golpizas con objetos como palos, martillos y hasta una plancha caliente. También fue forzado a realizar trabajos domésticos en condiciones infrahumanas, e incluso habría sido sedado con medicamentos no prescritos. Al momento de ser rescatado, pesaba apenas 39 kilos.
Además, las agresiones no fueron solo físicas. El niño fue sometido a insultos profundamente denigrantes que, según el Movilh, evidencian una carga homofóbica que no puede ser ignorada. Frases como “estás endemoniado” o “homosexual asqueroso” fueron parte de una violencia verbal que reproduce discursos de odio presentes en entornos religiosos conservadores. La organización alerta sobre la participación de supuestos miembros de una congregación religiosa que estarían recaudando fondos para apoyar a la agresora, alegando que actuó para “liberar” al menor de prácticas “sodomíticas”.
Por otra parte, se ha cuestionado fuertemente la respuesta institucional. Vecinos afirmaron haber denunciado reiteradamente los maltratos desde 2024, sin que se activaran medidas efectivas de protección. A esto se suma que, según el Movilh, la Fiscalía aún no ha mencionado la palabra “homofobia” en sus declaraciones, lo cual consideran una omisión grave que invisibiliza violencias específicas y perpetúa el abandono de niños LGBTIQ+ o percibidos como tales.
Finalmente, el Movilh recuerda que la Ley de Garantías de la Niñez obliga a proteger a los menores frente a todo tipo de discriminación, incluida la basada en orientación sexual o identidad de género. Por eso, exigen no solo justicia, sino también una reparación integral que reconozca la violencia vivida desde una perspectiva de derechos humanos y diversidad.
