Por Agustín Ramos Rojas
A lo largo de 12 sesiones la Comisión Investigadora N°57 del Congreso Nacional ha analizado la forma de proceder a los programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincida con su nombre y sexo registral. Sin embargo, la discusión ha dado cuenta de que la evidencia no es central para muchos diputados de oposición. Se han tomado decisiones sin esperar los resultados de la Comisión, diputados se han valido de fuentes poco rigurosas para apoyar conclusiones erróneas y se han dejado de lado -una vez más- voces clave en el proceso. Todo esto tiene consecuencias: el detrimento de la salud de miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) a nivel nacional.
En julio del año pasado en medio de una discusión confusa y compleja relacionada al acompañamiento psicosocial recibido por menores edad trans, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora en relación a los programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincida con su nombre y sexo registral. La polémica comenzó tras un reportaje de TVN en el que se cuestionan las distintas formas de acompañamiento, y que, a la vez, se vio desencadenado por el informe Cass, un polémico reporte publicado en Inglaterra que levanta precauciones para las terapias con hormonas y con bloqueadores puberales.
Con la creciente controversia en los medios, voces lejanas o directamente ajenas a los programas de salud para personas trans dominaron la opinión pública, abordando el tema como un debate ideológico, e ignorando, de paso, la recomendación más profunda del informe Cass: que las decisiones deben ser tomadas en base a la evidencia, y ahí, donde la evidencia es insuficiente, debe promoverse la investigación.
La discusión ha sido confusa y tergiversada. Se mencionan los tratamientos hormonales, para aludir a un programa exclusivamente de acompañamiento psicosocial. Se confunden los efectos de los inhibidores puberales con los de las terapias hormonales, dos tipos de tratamiento con fines y procesos distintos. Y se relevan casos extremadamente específicos, dejando de lado la experiencia de la mayor parte de las personas trans.
“Esta investigación no tiene que ver con política ni tiene que ver con ideología, tiene que ver exclusivamente con la protección de los derechos de los niños” decía el diputado Republicano Stephan Schubert cuando las bancadas de su partido y Chile Vamos pedían crear la ya referida Comisión Investigadora. Se esperaba así que la instancia fuera un espacio riguroso para analizar las mejores decisiones a la luz de la evidencia.
Sin embargo, la actitud de los diputados de la oposición dio cuenta de lo contrario. “Me gustaría saber si existe un registro nacional de profesionales que se dedican a terapias hormonales y a cuantos niños ha hormonizado (palabra que no existe) usted”, preguntaba la diputada Sara Concha (PSC) a un médico endocrinólogo especializado en población trans e intersexual. Un tono persecutorio que también se reflejó en el informe final de la comisión que busca auditar a las organizaciones que realicen acompañamiento psicológico afirmativo.
La propia presidenta de la comisión, Flor Weisse (UDI) celebraba junto al diputado Schubert la aprobación de la indicación que prohibía tratamientos hormonales o con supresores puberales en el presupuesto de MINSAL, previo a que la instancia de investigación finalizara. En sus redes sociales daban cuenta que desde un inicio las conclusiones de la comisión de cierta forma ya estaban tomadas. Esto se corroboró en el informe de cierre de la instancia investigadora que finalmente recomienda prohibir las terapias con inhibidores puberales o tratamientos hormonales, independiente de que esta sea la decisión del médico tratante y se cuente con el consentimiento de la familia. Ninguno de los profesionales médicos que asistieron a las sesiones sugirió esta prohibición. Por el contrario: la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE); la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de la Adolescencia (SOGIA); y la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA) emitieron un comunicado relevando la importancia de estos tratamientos para la salud mental de NNA de género diverso, recalcando que estas son una herramienta que disminuye las tasas de suicido en esta población.
En las últimas sesiones, una de las invitadas de la oposición, la Dra. Ugarte presentó un estudio que comparaba el coeficiente intelectual (CI) de personas transgénero que han recibido tratamiento con inhibidores puberales, con el de personas cisgénero (no trans) que no lo han recibido. A partir de esta evidencia, la especialista recalcó que la supresión de pubertad no es inocua para el desempeño intelectual de personas trans. Sin embargo, la conclusión se ve bastante alejada de lo que el estudio permite inferir. Aunque el estudio era descriptivo y no establecía causalidad, se usó para inferir precipitadamente que los inhibidores afectan el desempeño intelectual, sin considerar variables sociales y diferencias de oportunidad que sistemáticamente vulneran a las personas trans y afectan su desarrollo. Asumir que un grupo de personas trans que recibieron inhibidores puberales tiene menor CI solo por haber recibido este tratamiento, sin estándares básicos para establecer causalidad como aleatorización de grupos o mediciones pre-post intervención es a lo mínimo una conclusión apresurada y falaz.
Durante la semana pasada, el diputado RN José Miguel Castro a través de X (antes twitter) manifestaba su rechazo a los tratamientos hormonales a menores de 3 años ¿La contradicción? Los tratamientos hormonales no son posibles en menores de 3 años. Nunca ha habido tratamientos hormonales para este grupo. Los procedimientos en el manejo médico se utilizan luego de la pubertad. La tergiversación proviene de que el PAIG está disponible desde los 3 a los 17 años. Sin embargo, esto no significa que los niños de 3 años, que solo son dos beneficiarios a nivel nacional reciban terapia psicológica para acompañar un proceso de transición de género, si no que su participación en el programa se inserta probablemente en otro componente de este: el acompañamiento y orientación familiar. El daño ya estaba hecho con la publicación de Castro.
El diputado RN José Miguel Castro a través de X (antes twitter) manifestaba su rechazo a los tratamientos hormonales a menores de 3 años ¿La contradicción? Los tratamientos hormonales no son posibles en menores de 3 años. Nunca ha habido tratamientos hormonales para este grupo. Los procedimientos en el manejo médico se utilizan luego de la pubertad.
Pero como buena mentira, solo su repetición la haría parecer verdad. A los días el mismo discurso era repetido por el senador Rojo Edwards (PSC) ya no solamente en redes sociales, si no que en la sala del Senado. Lo usaba como argumento para desfinaciar la entrega de cualquier tipo de tratamiento hormonal y o con supresores de la pubertad por parte del sistema público de salud. También añadía que los menores de edad lo hacían con una autorización escrita realizada por ellos mismos. Ilógico e imposible considerando que los niños de 3 años, en general, no saben escribir. Pero la mentira es un medio rentable y finalmente el senado y la cámara rechazaron la posibilidad de financiar cualquier tratamiento hormonal o supresores puberales por parte del ministerio de salud a los menores de 18 años, aunque el medico tratante y la familia lo consideren apropiado. Así finalmente la única opción para los jóvenes trans (incluso quienes ya se encuentran en tratamiento) termina siendo el sistema privado de salud.
En el informe final propuesto por la comisión se establece también derogar la circular 812 del Ministerio de Educación, la cual garantiza el respeto a la identidad de género de NNA en las comunidades educativas. Esta medida, que nace a partir de la Ley Nº21.120 que el Gobierno de Sebastián Piñera impulsó, ha sido tremendamente valorada por las comunidades educativas y personas transgénero beneficiarias. Nuevamente, la evidencia respecto a lo que se ha hecho, en este caso en la arista educativa, no llegó a la instancia investigadora pues, entre sus invitados, no se consideró a ninguna persona trans, ni que se haya visto beneficiada por ninguna de las políticas abordadas por la comisión.
Y es que este último punto es clave. Bajo un enfoque basado en evidencia, los fundamentos científicos de un programa debieran integrar la experiencia de los usuarios y las necesidades de estos en un proceso médico. En este caso la comisión no se dio ese tiempo. Se solicitó por parte de Fundación Iguales que Alessia Injoque, miembro del directorio de la Fundación y persona trans, pudiera exponer como invitada. Sin embargo, la solicitud fue denegada.
La forma de avanzar en este tipo de políticas es con base en la evidencia y con un debate público que sea certero y honesto. La responsabilidad también es parte de los medios de comunicación y las figuras públicas que, reconociendo la complejidad de ciertos temas, deben ser capaces de aclarar y educar, evitando activamente mentiras, verdades a medias o simplificaciones burdas. Frente a decisiones y políticas complejas, también se espera un debate complejo.
La mentira puede resultar una estrategia política rentable, incluso en el largo plazo. Pero daña directamente las vida y trayectorias de miles de menores de edad, que ven en programas especializados apoyos concretos a sus necesidades.
