En la República Dominicana, los derechos de la comunidad LGBTIQ+ se encuentran bajo un fuerte escrutinio, tanto en el ámbito civil como militar. Por un lado, el Tribunal Constitucional está revisando las leyes que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo dentro de las fuerzas armadas y la policía, mientras que por otro lado, un nuevo Código Penal amenaza con excluir protecciones claves para esta comunidad.
El artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas imponen castigos a oficiales que tengan relaciones homosexuales, con penas de hasta dos años de prisión. Estas leyes, además de discriminatorias, perpetúan un entorno hostil para los oficiales LGBT, quienes viven con el temor constante de ser descubiertos y sancionados, lo que afecta directamente su derecho a la privacidad y a la igualdad. En comparación, otros países de la región han avanzado significativamente en este ámbito, eliminando la penalización de conductas homosexuales en el ejército.
En paralelo a este debate judicial, el nuevo proyecto de Código Penal en el Congreso Dominicano ha generado preocupación entre los activistas LGBTIQ+. La coalición de organizaciones del colectivo ha denunciado que este código, aprobado en primera lectura, no solo mantiene la prohibición absoluta del aborto, sino que también reduce las penas por violencia sexual dentro del matrimonio y omite incluir la orientación sexual y la identidad de género como características protegidas contra la discriminación. Esto implica una falta de protección legal para las personas LGBTIQ+ y, en última instancia, un retroceso en los avances conseguidos hasta ahora en derechos humanos.
Además de estas omisiones, el proyecto plantea la reintroducción de las jurisdicciones penales militares, lo que preocupa debido al historial de abusos cometidos por estas fuerzas. Al mismo tiempo, permitiría el disciplinamiento violento en el hogar, lo cual va en contra de los tratados internacionales que protegen los derechos de los menores. De aprobarse en su forma actual, este código afectaría gravemente a las personas LGBTIQ+ y a otros grupos vulnerables, dejando al descubierto la necesidad urgente de una legislación que respete los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución.
