Al menos nueve estados de Estados Unidos han presentado propuestas destinadas a desafiar el fallo de la Corte Suprema de 2015 en el caso Obergefell v. Hodges, que garantizó el derecho al matrimonio igualitario en todo el país. Entre ellos, Idaho, Michigan, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur han impulsado resoluciones que buscan revertir explícitamente esta decisión histórica.
Si estas medidas avanzaran, el matrimonio entre personas del mismo sexo dejaría de estar protegido a nivel federal y quedaría sujeto a las leyes estatales. Esto podría abrir la puerta a nuevas prohibiciones en estados conservadores, tal como ocurrió tras la anulación de Roe v. Wade en 2022, cuando varios estados prohibieron el aborto sin excepciones. Además, legisladores en Misuri, Oklahoma, Tennessee y Texas han promovido proyectos que, sin mencionar directamente Obergefell, crearían una nueva categoría de “matrimonio por pacto”, reservada exclusivamente para parejas heterosexuales.
A pesar de estos intentos de retroceso, las encuestas reflejan que la mayoría de la ciudadanía sigue apoyando el matrimonio igualitario. Un sondeo de Gallup indica que el respaldo a este derecho, aunque ha bajado levemente, sigue siendo alto: del 71 % en 2022 al 69 % en 2024. Frente a esta realidad, activistas y organizaciones han condenado los intentos legislativos por socavar los derechos de las parejas del mismo sexo.
Sarah Warbelow, vicepresidenta de asuntos legales de Human Rights Campaign, calificó las resoluciones como “crueles” y advirtió sobre la creciente ola de ataques contra la comunidad LGBTQ+. En su declaración, recordó que la Ley de Respeto al Matrimonio, aprobada durante la administración de Biden, garantiza el reconocimiento de matrimonios válidos en cualquier estado y a nivel federal. Sin embargo, esto no ha detenido los intentos de sectores conservadores de debilitar las protecciones existentes.
En Michigan, la propuesta fue introducida por el republicano Josh Schriver, quien argumentó que el fallo de la Corte Suprema atentaba contra la “santidad del matrimonio” y la Constitución estatal. Para justificar su postura, mencionó casos como la prohibición impuesta en 2019 a agencias de adopción financiadas con fondos públicos para rechazar parejas LGBTQ+ por razones religiosas. Asimismo, se refirió a una disputa legal en 2022 cuando un salón de bodas en Grand Rapids se negó a recibir parejas del mismo sexo y enfrentó sanciones.
Las reacciones en contra no tardaron en llegar. Dana Nessel, procuradora general de Michigan y primera persona abiertamente LGBTQ+ en ocupar este cargo, rechazó la iniciativa con un mensaje en redes sociales: “Si quieren mi anillo de bodas, vengan por él”. Por otro lado, Jason Morgan, legislador abiertamente gay del estado, criticó el proyecto al considerarlo una “distracción ridícula” que no ayuda a ninguna familia de Michigan.
A nivel nacional, Naomi Goldberg, directora del Movement Advancement Project, recordó que el matrimonio igualitario sigue siendo ley. Según ella, incluso si estas resoluciones prosperan, enfrentarían numerosos obstáculos legales, ya que el Congreso aprobó en 2022 la Ley de Respeto al Matrimonio, que obliga a los estados a reconocer uniones válidas celebradas en otras jurisdicciones.
Mientras tanto, Schriver ha enfrentado críticas por sus publicaciones en redes sociales. En diciembre, escribió en X: “Hagamos que el matrimonio gay vuelva a ser ilegal”, y recientemente perdió sus asignaciones en comités legislativos tras compartir contenido vinculado a la teoría conspirativa del “gran reemplazo”. Con este contexto, su propuesta refuerza una tendencia preocupante: el resurgimiento de ataques legislativos contra los derechos LGBTQ+ en varios estados del país.
