La administración de Donald Trump aprobó una nueva normativa que modifica el Programa de Visas de Diversidad de Estados Unidos —conocido como la “lotería de la green card”— y encendió alarmas entre organizaciones LGBTIQ+. En particular, activistas advierten que el cambio podría facilitar que autoridades migratorias, incluido el ICE, identifiquen y persigan a personas trans dentro de los sistemas de control migratorio. En ese marco, la regla final publicada el 11 de marzo exige que quienes postulen declaren su “sexo biológico al nacer”, incluso cuando ese dato no coincide con sus documentos oficiales.
La medida forma parte del reglamento Enhancing Vetting and Combatting Fraud in the Diversity Immigrant Visa Program, que el Departamento de Estado presenta como un intento de fortalecer los controles del sistema. Además, el nuevo esquema obliga a las personas solicitantes a ingresar datos de un pasaporte válido y cargar una copia escaneada de las páginas biográficas y de firma en el formulario digital.
Organizaciones de derechos civiles sostienen que el requisito sobre el sexo asignado al nacer abre un margen de interpretación que puede perjudicar directamente a solicitantes trans. En ese sentido, una discrepancia entre la información exigida por el formulario y la que figura en pasaportes u otros documentos podría permitir que el Departamento de Estado considere la solicitud como fraudulenta y la descarte.
La preocupación crece porque el propio gobierno indicó que el criterio sobre “sexo biológico” se aplicará a todos los trámites de visa. Asimismo, si las autoridades determinan que una persona trans no completó el formulario según ese estándar, podrían declarar fraudulenta su solicitud incluso después de haber ingresado al país.
Este cambio se suma a una serie de políticas impulsadas durante el segundo mandato de Trump que restringen el reconocimiento institucional de las identidades trans. En paralelo, distintas medidas federales han limitado el uso del género autopercibido en documentos oficiales, atención médica y otros espacios vinculados al Estado.
