La madrugada del sábado, la policía rusa, en colaboración con el Servicio Federal de Seguridad (FSB), llevó a cabo violentas redadas en al menos tres locales nocturnos LGBTQ+ de Moscú. Esta ofensiva, justificada bajo las leyes que penalizan la «propaganda LGBT», refleja un endurecimiento de las políticas represivas contra el colectivo en el país. Desde que el Tribunal Supremo ruso ilegalizara el «movimiento LGBT internacional» hace un año, las autoridades han incrementado los arrestos y los procesamientos de personas vinculadas a esta comunidad. En este contexto, Rusia equipara al movimiento LGBTQ+ con organizaciones terroristas, como el Estado Islámico, consolidando su inclusión en la lista de grupos extremistas.
Imágenes que circularon en redes sociales muestran escenas alarmantes en los locales intervenidos. En el club Arma, los asistentes fueron obligados a permanecer sentados en el suelo mientras la policía antidisturbios lanzaba órdenes. En el club Mono, otro de los locales allanados, los clientes salieron con las manos en alto hacia vehículos policiales estacionados en el exterior. Por su parte, el club Inferno Night, ubicado en la calle Skladochnaya, también fue intervenido bajo acusaciones de «propaganda LGBT» y venta ilegal de alcohol. Las autoridades confiscaron dispositivos electrónicos y otros elementos con el fin de «tomar decisiones procesales».
Entre los detenidos se encuentra el director de la agencia de viajes ‘Men Travel’, acusado de organizar vacaciones de fin de año en Egipto para «partidarios de relaciones no tradicionales». Este arresto es un ejemplo más de cómo la legislación rusa criminaliza cualquier actividad vinculada al colectivo LGBTQ+. Desde la ampliación de la ley contra la «propaganda gay» en 2022, las restricciones, que inicialmente se aplicaban solo en el ámbito de los menores, se extendieron a toda la población. Con estas medidas, el Kremlin ha consolidado un marco normativo que permite perseguir a cualquier persona u organización asociada al activismo LGBTQ+.
La represión contra la comunidad LGBTQ+ no es nueva en Rusia, pero ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años. Desde 2013, cuando se aprobó la primera ley contra la «propaganda gay», el gobierno ha empleado un discurso que asocia la diversidad sexual con una supuesta amenaza a los «valores tradicionales». Esta narrativa se ha intensificado tras la invasión de Ucrania, en un intento por presentar el conflicto como una lucha ideológica contra los valores occidentales. En este sentido, la Iglesia Ortodoxa rusa y el Kremlin han promovido políticas como la prohibición del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Organizaciones de derechos humanos han condenado estas políticas, calificándolas como un grave retroceso democrático. Grupos como Human Rights Watch advierten que la inclusión del movimiento LGBTQ+ en la lista de extremistas facilita la congelación de cuentas bancarias y otros mecanismos de represión económica. Además, el marco legal actual alimenta un ambiente de hostigamiento sistemático contra el colectivo, especialmente en regiones como el Cáucaso, donde las agresiones físicas son frecuentes. Estas acciones, aseguran, no solo violan derechos fundamentales, sino que también exacerban el aislamiento social y el miedo dentro de la comunidad LGBTQ+.
Mientras Rusia avanza en esta cruzada represiva, la comunidad internacional enfrenta el desafío de responder a estas violaciones de derechos humanos. Activistas y organizaciones insisten en la necesidad de aplicar sanciones específicas y visibilizar la situación de las personas LGBTQ+ en el país. Solo así, afirman, se podrá contrarrestar el impacto de estas políticas que, bajo el pretexto de proteger valores tradicionales, perpetúan la violencia y la exclusión.
