En medio de una creciente sensación de alerta frente al retroceso de derechos, más de 100 mil personas se congregaron en Santiago para participar en la XXV edición de la Marcha del Orgullo. Lejos de limitarse a una celebración, la manifestación adquirió un carácter profundamente político, señalando lo que las organizaciones convocantes describen como una pérdida sistemática de garantías para la comunidad LGBTIQ+ en Chile.
En ese marco, agrupaciones como Movilh, Fundación Iguales, Mums y Acción Gay hicieron un llamado urgente al Congreso y al Ejecutivo. La paralización de la reforma a la Ley Zamudio —detenida desde hace más de una década— fue uno de los ejes centrales de las demandas. Junto a esto, se insistió en la creación de una institucionalidad que no solo castigue, sino que también prevenga la discriminación en todos los ámbitos.
La presencia de autoridades diplomáticas reforzó el carácter internacional de la protesta. Representantes de Noruega, el Reino Unido, Países Bajos, Suecia y otros países marcharon junto a colectivos locales, manifestando su preocupación ante el alza sostenida de discursos de odio, que según datos de Movilh se duplicaron durante el último año.
A la par, figuras del oficialismo como Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jeannette Jara participaron en la marcha. Desde los distintos colectivos les exigieron compromisos concretos, lamentando que las promesas formuladas durante las campañas aún no se traduzcan en avances reales dentro del aparato estatal. Según denuncian, los tres poderes del Estado han fallado en proteger los derechos de las disidencias.
Para cerrar la jornada, artistas, DJs y performers se tomaron el escenario en un show masivo patrocinado por el Municipio de Santiago. Entre música, baile y discursos, se recordó que el Orgullo no es solo celebración: también es resistencia activa frente a la exclusión y la violencia estructural.
