La entrada en vigor del nuevo presupuesto estatal de Ohio ha encendido las alarmas entre activistas y defensores de derechos humanos, especialmente por su impacto en personas intersex. La legislación impone una visión binaria del sexo, reconociendo únicamente las categorías de “masculino” y “femenino”, y las define como inmutables y ancladas en una supuesta realidad biológica indiscutible. Sin embargo, esta definición pasa por alto la existencia de cuerpos que simplemente no encajan en esa rigidez.
Se estima que alrededor del 1.7% de la población nace con características sexuales atípicas, y hasta 1 de cada 1000 con genitales ambiguos. Aun así, el presupuesto obliga a registrar a cada recién nacido como exclusivamente “hombre” o “mujer”, sin contemplar excepciones para infantes intersex. Esta política podría aumentar la presión sobre madres y padres para que acepten cirugías irreversibles y sin urgencia médica, con tal de encajar a sus bebés en el binomio legal.
Estas intervenciones, conocidas como mutilación genital intersex (IGM, por sus siglas en inglés), han sido denunciadas durante décadas por sobrevivientes y organizaciones médicas por sus efectos devastadores. De hecho, muchos adultos intersex reportan secuelas físicas, pérdida de sensibilidad, infertilidad y profundas heridas psicológicas derivadas de estos procedimientos, frecuentemente realizados sin su consentimiento.
Ohio alberga algunos de los hospitales pediátricos más importantes del país, como el Nationwide Children’s Hospital y el Shriners Children’s Hospital, donde se atienden numerosos casos de variaciones intersexuales. Por ende, la legislación local afecta no solo a residentes del estado, sino también a familias que viajan desde otros lugares buscando atención especializada.
Además, el presupuesto restringe el uso de fondos públicos para servicios de salud mental que “promuevan o afirmen la transición social de género”, lo que podría limitar el acceso a apoyos fundamentales para adolescentes y adultos intersex, frecuentemente leídos como personas trans o de género no conforme. Estas barreras institucionales se suman a un historial de discriminación médica y social, que ya lleva a muchas personas intersex a evitar buscar atención sanitaria.
