Hace 13 años, el asesinato de Daniel Zamudio sacudió a Chile y visibilizó la brutalidad de la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Su muerte, tras un ataque motivado por su orientación sexual, impulsó la aprobación de la primera ley antidiscriminación del país, conocida hoy como Ley Zamudio. Sin embargo, pese a su simbolismo, activistas denuncian que la legislación sigue siendo insuficiente y que su reforma lleva años estancada en el Congreso.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) recordó que un 2 de marzo, Daniel salió de un ciber en Providencia y se dirigió al Parque San Borja, donde fue atacado por cuatro sujetos. Durante horas, sufrió torturas brutales que incluyeron golpes, quemaduras y cortes con vidrios, antes de ser abandonado en estado crítico. Fue encontrado al amanecer por un guardia de seguridad y trasladado a la ex Posta Central, donde falleció 24 días después.
El crimen generó indignación nacional e internacional, acelerando la aprobación de una ley que, por primera vez, reconocía la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. No obstante, su aplicación ha sido deficiente, y la falta de avances en su reforma preocupa a las organizaciones de derechos humanos.
Rolando Jiménez, presidente del Movilh, enfatizó que la ley vigente no garantiza justicia efectiva para las víctimas ni sanciones adecuadas para los responsables de actos discriminatorios. Por ello, exigen que el Congreso avance en la reforma, que lleva más de una década en tramitación sin señales de progreso.
Los cambios propuestos incluyen la creación de una institucionalidad que brinde apoyo legal y psicológico a las víctimas, la eliminación de trabas que impiden denunciar discriminación, la indemnización del daño moral y material sufrido, y la inversión de la carga de la prueba, para que sea el denunciado quien deba demostrar que no discriminó. Además, se busca modificar la redacción de la agravante por delitos de odio, ya que actualmente es casi imposible de probar, lo que ha limitado su aplicación en tribunales.
El caso de Daniel no fue el primero ni el último, pero su historia sigue recordando la urgencia de políticas efectivas contra la discriminación. A 13 años de su asesinato, su nombre sigue siendo un llamado a la acción que no puede seguir siendo ignorado.
