A pesar de que la decisión histórica del Tribunal Supremo en el caso Lawrence v. Texas de 2003 declaró inconstitucionales las leyes que penalizaban el sexo consensuado entre personas del mismo sexo, en Texas estas normativas arcaicas permanecen inscritas en su código penal. Específicamente, la Sección 21.06 describe el “acto sexual desviado con otra persona del mismo sexo” como un delito menor Clase C, acompañado de una multa de hasta 500 dólares. Sin embargo, aunque la aplicación de esta ley es inviable, su existencia continúa simbolizando una carga simbólica y política.
Los legisladores demócratas en Texas han intentado eliminar este vestigio legal desde 2005, presentando proyectos de ley en cada sesión legislativa sin éxito. En particular, el esfuerzo más cercano a derogar esta ley ocurrió en 2023, pero el proyecto no llegó al pleno antes del fin de la sesión. Ahora, con la llegada de una nueva legislatura, los representantes estatales Joe Moody y José Menéndez han vuelto a presentar iniciativas para derogar esta normativa y eliminar referencias discriminatorias de los programas de educación sexual en el estado, como la exigencia de declarar que la homosexualidad «no es un estilo de vida aceptable».
No obstante, estos esfuerzos chocan con la firme oposición del Partido Republicano de Texas, que en 2022 reafirmó en su plataforma oficial que considera la homosexualidad como «una elección de estilo de vida anormal». Además, las preocupaciones sobre el futuro de derechos fundamentales amplían la urgencia de estas reformas: tras la revocación de Roe v. Wade en 2022, el juez Clarence Thomas sugirió revisar fallos previos, incluyendo Lawrence v. Texas y Obergefell v. Hodges, este último responsable de legalizar el matrimonio igualitario en 2015.
La resistencia no se limita a este contexto. De hecho, Texas se ha convertido en un epicentro de las políticas anti-LGBTQ+ promovidas por el Partido Republicano, con medidas que buscan restringir derechos fundamentales. Entre estas propuestas se encuentran proyectos de ley que prohíben a personas transgénero usar baños que correspondan a su identidad de género y eliminan el reconocimiento legal de identidades trans. Paralelamente, líderes estatales como el gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton han redoblado ataques dirigidos, en particular, contra jóvenes trans y sus familias.
En abril pasado, Paxton demandó al Departamento de Educación de EE.UU. por directrices de Título IX que prohíben la discriminación contra estudiantes LGBTQ+. Más aún, en 2022 calificó a las personas LGBTQ+ como “propagandistas sexuales y depredadores” durante su crítica a la celebración de una Semana del Orgullo en una escuela. Estas acciones se inscriben en una cruzada más amplia contra los derechos LGBTQ+, reflejo de una estrategia política que utiliza a las comunidades marginadas como moneda de cambio electoral.
En conclusión, la derogación de leyes como la Sección 21.06 no solo es una cuestión de coherencia legal, sino también un paso crucial hacia la protección de derechos básicos y la afirmación de la dignidad humana en un estado donde la retórica discriminatoria aún encuentra eco.
