Las autoridades iraníes han intensificado el uso de tecnología para vigilar y sancionar a mujeres y niñas que incumplan la ley del hiyab obligatorio. En este contexto, un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, detalla cómo el Estado ha desplegado herramientas como drones, cámaras de reconocimiento facial y aplicaciones móviles para identificar y castigar a quienes desafíen las normas de vestimenta impuestas por el régimen.
A pesar de los cambios políticos en Irán, con la llegada de un gobierno considerado más moderado, el informe señala que la represión contra las mujeres no ha disminuido, sino que ha evolucionado con nuevas estrategias de vigilancia masiva. La policía de la moral ha reforzado su presencia en las calles, mientras que universidades y espacios públicos han incorporado software de reconocimiento facial para detectar infracciones. En este sentido, la Universidad Amirkabir de Teherán ha instalado un sistema que identifica a mujeres sin velo al ingresar al campus.
Además del monitoreo directo, el régimen ha fomentado la delación ciudadana a través de la aplicación móvil “Nazer”, que permite a cualquier persona reportar a mujeres que no lleven el velo dentro de vehículos públicos y privados. Según el informe, los denunciantes pueden registrar la ubicación, la matrícula del auto y la hora de la supuesta infracción, lo que activa un sistema automatizado que envía mensajes de advertencia a los dueños de los vehículos. Esta práctica, según activistas, ha provocado incidentes peligrosos, como el caso de una mujer que, tras recibir un mensaje de este tipo, intentó huir de un control policial y fue baleada por agentes de seguridad.
El contexto represivo en Irán se ha agudizado desde la muerte de Mahsa Amini en 2022, cuando fue detenida por la policía de la moral por presuntamente llevar mal puesto el velo. Su fallecimiento desató una ola de protestas masivas, que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno, con un saldo de más de 500 muertos y 22.000 detenidos. Si bien tras estas manifestaciones las autoridades redujeron temporalmente el control sobre el hiyab, en abril de 2024 reinstauraron medidas más estrictas bajo el llamado Plan Noor. Como resultado de esta nueva ofensiva, al menos 618 mujeres han sido arrestadas recientemente, según activistas de derechos humanos.
El endurecimiento de las políticas represivas también se refleja en el aumento de las ejecuciones. De acuerdo con la ONU, al menos 938 personas fueron ejecutadas en Irán durante el último año, el triple que en 2021. Aunque muchas de estas sentencias estuvieron relacionadas con delitos de drogas, el informe destaca que existe un vínculo claro entre estas ejecuciones y la represión política.
