El domingo por la mañana, Nueva York despertó conmocionada por un crimen atroz que tuvo lugar en la línea F del metro, en la estación Coney Island-Stillwell Avenue. Una mujer fue quemada viva mientras viajaba en un vagón, en un ataque intencional que las autoridades calificaron como «uno de los crímenes más depravados». El suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad en el transporte público, tema que ha cobrado relevancia debido al incremento de episodios violentos en los últimos meses.
Según las primeras investigaciones, el agresor, identificado como un ciudadano guatemalteco de 33 años, prendió fuego a la ropa de la víctima con un encendedor. Testigos afirman que el hombre caminó tranquilamente hacia ella antes de cometer el ataque. A pesar de los esfuerzos de los agentes de policía que patrullaban la estación, la mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas, y su cuerpo quedó tan calcinado que aún no ha sido posible identificarla.
El sospechoso fue detenido horas después en otra estación de la ciudad, aunque todavía no se le han presentado cargos formales. La comisionada de Policía, Jessica Tisch, ofreció detalles escalofriantes en una rueda de prensa: “El ataque ocurrió en cuestión de segundos. Las llamas envolvieron a la víctima mientras el tren estaba a punto de llegar a la estación”. Los investigadores trabajan para esclarecer las motivaciones detrás de este acto, mientras los videos de las cámaras de seguridad están siendo revisados minuciosamente.
Por otro lado, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó que el incidente obligó a suspender temporalmente el servicio entre varias estaciones de la línea F. Este crimen ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el metro, donde los usuarios denuncian un aumento en los actos de violencia y la falta de medidas preventivas efectivas.
Además, este caso ha avivado tensiones políticas en torno a la migración, especialmente en un periodo marcado por discursos que vinculan, sin evidencia, la presencia de migrantes con el aumento de la criminalidad. Colectivos defensores de derechos humanos han advertido contra la estigmatización de comunidades vulnerables, subrayando la importancia de centrarse en los hechos del caso en lugar de perpetuar narrativas discriminatorias.
Mientras tanto, las autoridades han ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que ayude a esclarecer más detalles del crimen.
