Google ha decidido eliminar sus metas de contratación basadas en la diversidad y revisar sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), uniéndose así a otras grandes corporaciones estadounidenses que están reduciendo estos programas. Esta decisión surge en un contexto de presiones legales y políticas, marcadas por órdenes ejecutivas del expresidente Donald Trump dirigidas a restringir las iniciativas DEI entre contratistas federales. Además, el cambio coincide con un giro conservador en el panorama empresarial, impulsado por fallos judiciales que cuestionan acciones afirmativas.
Tras el asesinato de George Floyd en 2020, Google había establecido el objetivo de aumentar en un 30 % la representación de personas de grupos subrepresentados en puestos de liderazgo para 2025. Sin embargo, su último informe anual ya no incluye la declaración que reiteraba el compromiso con la DEI, presente en reportes desde 2021. La directora de recursos humanos de Alphabet, Fiona Cicconi, explicó en un correo interno que la empresa ya no fijará metas aspiracionales de contratación y que está evaluando programas que «no han tenido el impacto esperado».
Esta revisión no significa el desmantelamiento total de las redes de apoyo interno. Google mantendrá sus 17 grupos de recursos para empleados, como “Trans at Google” y “Black Googler Network”, que cuentan con más de 50.000 integrantes. No obstante, el enfoque parece alejarse de objetivos concretos hacia una narrativa más general sobre igualdad de oportunidades, sin compromisos medibles.
La decisión de Google se suma a la de otras compañías tecnológicas como Meta y Amazon, que también han reducido o eliminado programas DEI citando cambios en el “entorno legal y normativo”. Este patrón ha generado preocupación en organizaciones laborales como el Alphabet Workers Union (AWU), cuyo presidente, Parul Koul, calificó la medida como un «ataque directo» a los logros obtenidos en la lucha contra la discriminación racial, de género y hacia la comunidad LGBTQ+.
Mientras tanto, grupos conservadores han intensificado sus campañas contra las políticas de diversidad en el sector privado, respaldados por decisiones judiciales que invalidan acciones afirmativas en la educación y amenazan con litigios a las empresas que mantengan programas similares. Así, el retroceso en políticas DEI no solo refleja una adaptación a nuevas regulaciones, sino también una respuesta al clima político actual, donde la inclusión y la equidad se han convertido en terrenos de disputa ideológica.
