El reciente fallo del Tribunal Supremo de Ghana ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos y el impacto social de una legislación que podría convertirse en una de las más restrictivas en África contra la comunidad LGBT+. La corte desestimó por unanimidad dos demandas legales que buscaban frenar la aprobación del proyecto de ley, argumentando que estas acciones eran prematuras. Por tanto, el camino está despejado para que el presidente saliente, Nana Akufo-Addo, decida si promulgará esta controvertida normativa antes de que termine su mandato en enero de 2025.
El proyecto, aprobado unánimemente por el Parlamento ghanés en febrero, refuerza la criminalización de las relaciones y actividades relacionadas con la diversidad sexual y de género. En este sentido, amplía las penas preexistentes, que ya castigaban las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta tres años de prisión. Ahora, quienes promuevan o apoyen abiertamente derechos LGBT+ podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, el presidente había retrasado su firma debido a las impugnaciones legales presentadas por Amanda Odoi y Richard Sky, quienes cuestionaron la constitucionalidad del proyecto.
La jueza Avril Lovelace-Johnson, en representación del panel de siete magistrados, explicó en el fallo que las demandas no cumplían con los criterios necesarios para que el tribunal interviniera. De acuerdo con su declaración, hasta que el proyecto no sea ratificado por el presidente, no constituye una ley sobre la cual el tribunal pueda ejercer jurisdicción. Así, los demandantes deberán explorar nuevas vías legales tras este revés.
A pesar de ello, el proyecto de ley cuenta con un fuerte respaldo local, impulsado por líderes cristianos, musulmanes y tradicionales que lo consideran esencial para preservar los valores culturales de Ghana. No obstante, este apoyo choca con las críticas de organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y gobiernos occidentales, que instan al país a priorizar los derechos humanos y advierten sobre posibles repercusiones económicas. Según el Ministerio de Finanzas, la promulgación del proyecto podría poner en peligro 3.800 millones de dólares en financiamiento del Banco Mundial y un préstamo de 3.000 millones del Fondo Monetario Internacional, cruciales para la recuperación económica del país.
Las voces en contra del proyecto alertan sobre los riesgos sociales que conlleva. Activistas de derechos humanos temen que esta ley no solo castigue a las personas LGBT+, sino que fomente un entorno de hostilidad hacia quienes defienden sus derechos. Abena Takyiwaa Manuh, destacada defensora de la igualdad en Ghana, expresó su preocupación por las posibles represalias contra activistas y miembros de la comunidad, señalando que este fallo judicial podría intensificar los ataques y la discriminación.
El futuro de la legislación está ahora en manos de Akufo-Addo, quien enfrentará presiones tanto de partidarios como de detractores. En caso de que no actúe, el presidente entrante, John Mahama, quien apoyó el proyecto durante su campaña, será quien decida su destino. Mientras tanto, la comunidad LGBT+ y sus aliados observan con incertidumbre cómo se desarrollarán los próximos pasos en un país donde los derechos y la dignidad de las personas están en juego.
