Francia ha dado un paso inédito en Europa al aprobar una ley que apunta directamente a la moda ultrarrápida, un modelo de negocio que produce enormes volúmenes de ropa a bajo costo. El nuevo marco legal busca limitar los efectos ambientales de este sistema, enfocándose en marcas como Shein y Temu, cuyo crecimiento vertiginoso ha trastocado tanto el mercado como los hábitos de consumo. Aunque el proyecto aún debe pasar por la Asamblea Nacional y una comisión mixta, marca un cambio de rumbo hacia una industria más sostenible.
Uno de los principales mecanismos de la ley es la implementación de una “eco-puntuación”, un índice que evaluará el impacto ambiental de cada prenda según su reciclabilidad, origen de materiales y emisiones generadas. Las empresas con peores evaluaciones serán sancionadas económicamente con recargos que iniciarán en cinco euros por artículo en 2025 y aumentarán progresivamente hasta los diez euros en 2030. Este cobro, sin embargo, no podrá superar la mitad del precio original del producto. Además, se exigirá una mayor transparencia en la información al consumidor, mediante mensajes visibles sobre el impacto ambiental junto al precio de cada prenda.
La regulación también restringe la promoción de estas marcas en redes sociales, prohibiendo su publicidad directa y estableciendo multas para los influencers que no informen sobre los daños ambientales de los productos que recomiendan. Si bien la ley distingue entre “fast fashion” y “ultra fast fashion”, otorgando un trato más laxo a firmas europeas como Zara o H&M, el umbral que definirá esta diferencia aún está por determinarse, y podría implicar sanciones futuras a otras marcas de gran volumen como Primark o Boohoo.
Las cifras muestran el trasfondo del problema: entre 2010 y 2023, la venta de prendas en Francia aumentó un 39 %, mientras que miles de tiendas locales no pudieron sostenerse ante la competencia de los gigantes digitales. Si bien el gobierno defiende la medida como una protección al medioambiente y a la economía local, organizaciones ambientalistas cuestionan la ley por limitar su alcance a solo unas pocas compañías extranjeras, dejando fuera a gran parte del sector.
