Desde Europa llegan señales de alerta para el mundo de las telecomunicaciones. En España, desde el 7 de junio, quedó prohibido el uso de números móviles para llamadas comerciales, en un intento del gobierno por frenar las estafas telefónicas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus canales de comunicación. Esta decisión, amparada en la Orden TDF/149/2025, restringe el uso publicitario a líneas específicamente asignadas, como numeraciones geográficas, o bien los prefijos 800 y 900, tradicionalmente reservados para atención al cliente.
El Ministerio para la Transformación Digital ha dispuesto además que todas las comunicaciones promocionales deben provenir de líneas previamente registradas, con identificación clara del emisor. De esta forma, se busca impedir que empresas oculten la naturaleza de sus llamadas tras números comunes, una práctica que facilitaba la suplantación de identidad y el abuso comercial. Las líneas móviles, asociadas usualmente a personas naturales, ya no podrán ser utilizadas con fines de venta o marketing.
Las operadoras de telefonía en España también han recibido nuevas instrucciones: bloquear automáticamente cualquier llamada o mensaje que provenga de numeraciones no autorizadas. En apenas dos meses, se han interceptado más de 14 millones de intentos de contacto no válidos. Asimismo, se prohíbe el envío de mensajes o llamadas internacionales que aparenten ser de origen español, táctica habitual de redes que operan desde fuera del país.
El gobierno español ya proyecta una base de datos oficial que, desde junio de 2026, permitirá confirmar la autenticidad de los identificadores usados en mensajes de texto. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será la encargada de gestionar esta herramienta. Las empresas que ignoren esta normativa arriesgan multas de hasta dos millones de euros. Esta iniciativa posiciona a España a la par de países como Finlandia, Francia y Alemania, donde se ha logrado disminuir el fraude telefónico en forma significativa.
