En un clima de creciente tensión social tras las elecciones de noviembre en Estados Unidos, el FBI investiga una ola de mensajes de texto y correos electrónicos cargados de odio dirigidos a afroamericanos, latinos y personas LGBTQIA+. Estos mensajes, que incluyen amenazas de deportación y referencias a «campos de reeducación», han encendido alarmas en las comunidades afectadas y entre las organizaciones defensoras de derechos humanos.
La retórica divisiva del presidente electo Donald Trump durante su campaña parece haber servido de catalizador. En actos públicos, Trump describió a los migrantes como «asesinos» y «violadores», prometiendo una política de deportaciones masivas una vez asuma el poder en enero. Estos discursos han legitimado actitudes xenófobas y homofóbicas que ahora se manifiestan en ataques anónimos, como denuncian organizaciones como LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos).
Inicialmente dirigidos a afroamericanos con referencias explícitas a la esclavitud, los mensajes ahora incluyen a estudiantes latinos y miembros de la comunidad LGBTQIA+. Muchas de las víctimas han reportado un uso perturbador de datos personales, como nombres y ubicaciones específicas, sugiriendo que los agresores accedieron a bases de datos privadas o listas de votantes. Aunque el FBI ha señalado que no hay evidencia de violencia física derivada de estos mensajes, las amenazas han generado un clima de temor e incertidumbre.
Roman Palomares, presidente de LULAC, condenó los ataques como una afrenta a los valores democráticos y de igualdad del país. “La contribución de los latinos y otras comunidades es fundamental para el tejido social de Estados Unidos. No toleraremos intentos de intimidación”, afirmó en un comunicado. Del mismo modo, líderes de la comunidad LGBTQIA+ han señalado el impacto emocional de estas amenazas, particularmente entre jóvenes vulnerables.
El FBI trabaja en colaboración con el Departamento de Justicia y líderes comunitarios para identificar a los responsables y prevenir futuros ataques. Además, empresas tecnológicas han comenzado a bloquear cuentas vinculadas a la propagación de estos mensajes. Sin embargo, las lagunas en la regulación de plataformas digitales complican la investigación.
Mientras tanto, organizaciones defensoras instan a las comunidades afectadas a buscar apoyo legal y preparar planes de contingencia. La incertidumbre sobre el futuro político y social ha hecho que el miedo sea una constante para quienes se sienten en la mira de un sistema cada vez más hostil.
