El periodista Don Lemon fue detenido en Los Ángeles mientras se encontraba cubriendo los premios Grammy, tras haber documentado una protesta contra el ICE que tuvo lugar en una iglesia de St. Paul, Minnesota. Según su defensa, Lemon ejercía su labor periodística cuando fue arrestado por agentes federales en el vestíbulo de un hotel en Beverly Hills. Al parecer, el Departamento de Justicia lo acusa de haber participado en un “ataque coordinado” que interrumpió un servicio religioso en la iglesia Cities Church, cuyo pastor también trabaja para el ICE.
En consecuencia, se le imputan cargos por presunta conspiración para privar de derechos civiles y por violar la Ley FACE, que penaliza la obstrucción de lugares de culto y clínicas de aborto. No obstante, un juez federal rechazó estos cargos por falta de pruebas suficientes, aunque dejó la puerta abierta a una acusación formal mediante un gran jurado. Pese a esto, la fiscal general Pam Bondi aseguró públicamente que la protesta fue un acto intolerable contra la libertad religiosa y ordenó el arresto de otras figuras vinculadas al activismo local.
Mientras tanto, Lemon ha reiterado que su presencia en la iglesia fue exclusivamente con fines informativos, como periodista con tres décadas de trayectoria. En un video publicado en sus redes, se le ve documentando la manifestación sin participar activamente. Por otro lado, su abogado denunció que la rápida respuesta federal frente a la protesta contrasta con la falta de investigaciones sobre la muerte de dos activistas, entre ellas Renee Good, abatida por un agente del ICE semanas antes.
Además, la protesta tenía como objetivo exigir la renuncia del pastor David Easterwood, quien, según activistas, habría participado en operaciones migratorias letales. Según declaraciones en directo durante la manifestación, se acusó a la iglesia de “refugiar a un asesino” mientras se proclamaban consignas como “Fuera ICE” y “Justicia para Renee Good”.
En definitiva, la detención de Lemon ha encendido un debate sobre los límites de la Primera Enmienda, el uso del poder federal contra periodistas y el silenciamiento de voces críticas en contextos de creciente represión migratoria.
