El gobierno de Estados Unidos se ha visto obligado a devolver más de 6,2 millones de dólares en fondos federales a nueve organizaciones que brindan atención y apoyo a personas LGBTQ+ y con VIH, luego de que una corte federal bloqueara varias órdenes ejecutivas impulsadas por la administración Trump. A raíz de una demanda interpuesta por Lambda Legal, el juez Jon Tigar del Distrito Norte de California emitió una medida cautelar que suspendió la aplicación de tres decretos que pretendían eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión, y censurar toda referencia a identidades de género y poblaciones LGBTQ+ en proyectos financiados por el gobierno.
En consecuencia, entidades como la San Francisco AIDS Foundation, el Los Angeles LGBT Center, y el NYC LGBT Community Center, entre otras, lograron recuperar los fondos que habían sido congelados. Estas organizaciones, esenciales para el acceso a servicios como prevención del VIH, atención en salud mental, programas para jóvenes y personas sin hogar, enfrentaban el riesgo de ver paralizadas sus operaciones.
De hecho, el caso judicial, conocido como San Francisco AIDS Foundation v. Trump, fue presentado en febrero de 2025 y argumenta que las órdenes ejecutivas vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y la igualdad ante la ley, protegidos por la Constitución. El fallo reconoció que los demandantes tienen altas probabilidades de demostrar que las medidas del expresidente son inconstitucionales y representan una extralimitación del poder ejecutivo.
Mientras tanto, esta victoria legal ocurre en un contexto alarmante: el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr., ha cerrado una línea de ayuda especializada para jóvenes LGBTQ+ en crisis, conocida como “Press 3”. Esta vía de atención, creada junto a The Trevor Project como parte de la línea nacional 988, había registrado un aumento drástico en llamadas desde su apertura en 2022, con más de 60 mil usuarios en enero de este año.
