La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes no reabrir el debate sobre el matrimonio igualitario, al rechazar el recurso de Kim Davis, exfuncionaria del condado de Rowan, Kentucky, quien se negó en 2015 a emitir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo tras el fallo Obergefell v. Hodges. Con esta negativa, el tribunal evita enfrentar directamente uno de los temas más sensibles en la actual pugna entre derechos civiles y libertad religiosa.
Davis argumentaba que su fe como cristiana apostólica le impedía firmar licencias para parejas homosexuales. Sin embargo, tanto tribunales inferiores como la Suprema Corte han determinado que, como funcionaria pública, no podía invocar creencias personales para eludir sus responsabilidades legales. Por este motivo, fue condenada a pagar más de 360 mil dólares en concepto de daños y costos legales a David Ermold y David Moore, una de las parejas afectadas.
El caso ganó notoriedad por ocurrir poco después de que el máximo tribunal reconociera, en un fallo dividido, que las parejas del mismo sexo tienen derecho constitucional a casarse. Desde entonces, quienes se oponen a Obergefell han buscado distintas vías para revertirlo, especialmente tras la anulación del derecho al aborto en 2022 por parte de la misma Corte, ahora de mayoría conservadora.
Pese a que algunos jueces —como Clarence Thomas y Samuel Alito— han manifestado su desacuerdo con el fallo de 2015, no se pronunciaron esta vez. Esto sugiere una resistencia interna a reabrir un precedente que ha permitido a miles de familias LGBTIQ+ construir sus vidas con amparo legal.
La defensa de Davis intentó incorporar en su apelación un cuestionamiento directo a la validez de Obergefell, pero los tribunales inferiores concluyeron que ella había renunciado a esa línea argumentativa en fases anteriores del proceso. Así, el caso se cierra reafirmando que la función pública no puede ser un canal para discriminar bajo pretexto religioso.
