Desde la aprobación de la Ley contra la Homosexualidad en Uganda en mayo de 2023, las repercusiones económicas han sido devastadoras. Esta legislación, que endurece las sanciones ya existentes contra la homosexualidad e incluye la pena de muerte para casos de «homosexualidad agravada», ha costado al país hasta 1.6 mil millones de dólares en tan solo un año, según un estudio de la organización Open for Business. Además, las pérdidas representan entre el 0.9% y el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de Uganda, afectando gravemente sectores clave como la inversión extranjera, la ayuda internacional, el comercio y el turismo.
La implementación de esta ley no solo ha generado una ola de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, sino que ha colocado a Uganda bajo la mirada crítica de la comunidad internacional. Por ejemplo, países como Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, han expresado su intención de cortar lazos económicos con la nación africana. Asimismo, el Banco Mundial, que solía ser uno de los principales financistas de Uganda, suspendió nuevos préstamos debido a que la ley contraviene sus principios.
Sin embargo, los efectos económicos no se limitan al corto plazo. Se estima que, si la ley se mantiene vigente, las pérdidas podrían llegar a alcanzar los 8.3 mil millones de dólares en los próximos cinco años, una cifra alarmante para una economía que ya enfrenta serios desafíos. Esto se debe, entre otras razones, a la pérdida de talento humano, el aumento de la discriminación y los costos asociados a la aplicación de la ley, como los procesos judiciales.
En un contexto africano más amplio, Uganda no es el único país que ha tomado medidas drásticas contra la comunidad LGBTQ+. En junio de 2023, la Corte Constitucional de Malawi ratificó una ley que criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, mientras que en Ghana se están acelerando los esfuerzos para aprobar una legislación similar. Por ende, la situación de los derechos LGBTQ+ en África se encuentra bajo una creciente presión, con más de 30 países que ya han penalizado este tipo de relaciones.
Los activistas en Uganda y en todo el mundo continúan alzando sus voces en contra de estas leyes. Para ellos, no solo están en juego los derechos humanos fundamentales, sino también el futuro económico de Uganda. Si el gobierno no reconsidera su postura, las consecuencias podrían ser aún más graves, tanto para la comunidad LGBTQ+ como para el bienestar del país en su conjunto.
