Un juez federal en Washington, D.C., ha frenado temporalmente la transferencia de tres mujeres trans encarceladas a prisiones para hombres, así como la suspensión de su acceso a terapia hormonal, una medida derivada de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día de regreso a la Casa Blanca. De este modo, la decisión judicial representa un obstáculo legal para una política que ha generado fuertes críticas por su impacto discriminatorio hacia las personas trans en el sistema penitenciario federal.
El juez de distrito Royce Lamberth, nominado en su momento por Ronald Reagan, concedió una orden de restricción temporal tras escuchar los argumentos de los abogados de las demandantes, quienes señalaron que la orden ejecutiva viola derechos constitucionales fundamentales, incluyendo la protección contra castigos crueles e inusuales. Además, subrayaron que trasladarlas a prisiones masculinas pondría en grave riesgo su seguridad física y emocional, dado el historial documentado de violencia y agresiones sexuales que enfrentan las personas trans en estos entornos.
La orden ejecutiva de Trump obliga a la Oficina Federal de Prisiones a asegurar que “los varones no sean detenidos en prisiones para mujeres” y prohíbe el uso de fondos federales para tratamientos médicos que busquen adecuar la apariencia física de una persona a su identidad de género. Sin embargo, Lamberth argumentó que el interés público en ejecutar de inmediato estos traslados es “mínimo en el mejor de los casos”, destacando que existen solo 16 mujeres trans en cárceles femeninas a nivel federal, incluyendo a las tres demandantes.
Las mujeres trans afectadas, identificadas con seudónimos en los documentos judiciales, han estado recluidas en unidades femeninas durante meses o incluso años hasta que, en enero, fueron separadas de la población general y puestas en áreas de espera para su traslado. Según la abogada Jennifer Levi, de GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD), sus clientas están aterradas ante la posibilidad de ser enviadas a prisiones de hombres, donde enfrentarían un “riesgo serio de violencia y abuso sexual”.
Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la autoridad discrecional de los funcionarios penitenciarios para decidir la ubicación de las personas presas. No obstante, el juez Lamberth concluyó que el equilibrio de intereses favorece a las demandantes, ordenando que se mantenga tanto su ubicación actual como el acceso a su tratamiento médico, al menos mientras el caso continúa su curso en los tribunales.
