El gobierno del Reino Unido ha decidido enfrentar de manera directa el creciente problema de los deepfakes de carácter sexual, penalizando su creación con penas de hasta dos años de cárcel. Los deepfakes, contenidos falsos generados con inteligencia artificial que imitan a una persona en videos, imágenes o audios de manera realista, se utilizan con frecuencia en contextos de abuso digital, desinformación y suplantación de identidad. Esta medida busca proteger especialmente a mujeres y menores de edad, quienes representan las principales víctimas de esta práctica.
Desde 2023, la ley británica prohíbe compartir imágenes íntimas sin consentimiento, incluidos los deepfakes. Sin embargo, su creación aún no estaba plenamente tipificada como delito. Este vacío legal ha permitido la proliferación de casos que no podían ser castigados adecuadamente. Con la nueva legislación, cualquier persona que produzca este tipo de contenido será considerada responsable de un crimen grave.
La expansión de herramientas de IA, muchas de ellas gratuitas o de bajo costo, ha facilitado la creación de deepfakes cada vez más realistas. Aplicaciones diseñadas para manipular fotografías, como las que eliminan ropa de las imágenes, han alimentado un aumento en el acoso digital y la explotación. Esto ha generado una demanda urgente de medidas legales que aborden los riesgos tecnológicos modernos.
“Es fundamental que nuestras leyes evolucionen para enfrentar estos desafíos”, señaló Laura Farris, ministra británica de Víctimas y Protección. “La protección de las personas frente al abuso digital es una prioridad que no puede esperar”.
Alex Davies-Jones, secretaria de Estado para las Víctimas, destacó que una de cada tres mujeres británicas ha sido víctima de la difusión de imágenes íntimas, una forma de violencia digital también conocida como «pornografía de venganza». Según Davies-Jones, este fenómeno es «horrible e intimidante», y quienes lo perpetren deben enfrentar «todo el peso de la ley».
Además, se enfatizó la necesidad de que las empresas tecnológicas asuman mayor responsabilidad. Margaret Jones, secretaria de Estado de Tecnología, advirtió que las plataformas que permitan la difusión de este tipo de contenido estarán sujetas a sanciones estrictas y una supervisión intensificada.
El gobierno laborista, que asumió el poder en julio de 2024, ha prometido reducir a la mitad la violencia contra mujeres y niñas en los próximos diez años. Organizaciones feministas como EVAW (End Violence Against Women) han instado al Ejecutivo a implementar rápidamente esta normativa. “Retrasar estas medidas solo aumentará el riesgo para las víctimas”, declaró Rebecca Hitchen, portavoz de la coalición.
Con esta ley, el Reino Unido se posiciona como uno de los primeros países en abordar de forma integral el uso abusivo de tecnologías avanzadas. Además de penalizar a los perpetradores, la legislación busca enviar un mensaje claro sobre la inaceptabilidad de estos actos y su impacto devastador en las vidas de las personas afectadas.
