El Comité de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por expertos independientes encargados de supervisar la implementación del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, ha aprobado una serie de recomendaciones críticas dirigidas a la institucionalidad chilena sobre los derechos sexuales y reproductivos. Estas observaciones se dividen principalmente en dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, existe una preocupación por revisar el marco normativo en relación con los abortos clandestinos y la objeción de conciencia. Recordemos que la implementación del aborto por tres causales se ha visto limitada por desinformación y la objeción de conciencia. Hasta el año pasado, el 43% de obstetras ligados a la salud pública se ha declarado objetor de conciencia en caso de violación, es decir, 4 de cada 10 médicos se niegan a realizar un aborto por esta causal, según datos entregados por el Minsal. Además, la ley de interrupción del embarazo no obliga a los establecimientos de salud a encontrar un “reemplazo” para el objetor de conciencia, lo que puede privar del ejercicio de su derecho a algunxs de lxs pacientes.
Por otra parte, la ONU alertó sobre los anticonceptivos defectuosos y los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que hasta el día de hoy las mujeres afectadas por los anticonceptivos defectuosos no han recibido ninguna reparación por esta situación.
Es innegable que el desarrollo de la ley de aborto bajo tres causales, impulsado por el movimiento feminista, ha encontrado barreras. Es imperativo que las autoridades sanitarias aseguren la presencia de personal médico no objetor en todos los centros de salud, lo que permitiría a todas las personas acceder a este derecho sin restricciones. Por otra parte parece necesario fortalecer una correcta Educación Sexual Integral (ESI), que no solo facilita el acceso a estos derechos, sino que también juega un papel crucial en la prevención de estas situaciones.
