Desde fines de junio, al menos siete hospitales públicos han visto interrumpida la entrega oportuna de tratamientos para VIH y hepatitis B y C. Esto se debe a una demora en los diagnósticos, provocada por el hackeo que paralizó los sistemas del Instituto de Salud Pública (ISP), único organismo autorizado en Chile para confirmar estos resultados. Así, el ataque digital terminó afectando directamente el acceso a terapias garantizadas por ley.
Entre los establecimientos afectados, figuran el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Barros Luco, el Lucio Córdova, y los hospitales regionales de Arica, Iquique, Antofagasta y Temuco. En todos ellos, profesionales de salud reportaron retrasos que superan los 30 días, acercándose peligrosamente al límite legal de 45. Mientras tanto, los pacientes quedan a la espera de una validación oficial que les permita iniciar tratamiento bajo el Plan GES.
Expertos como Carlos Becerra, de la Fundación AHF, han advertido sobre los riesgos clínicos de estas demoras. En particular, la falta de acceso a tratamiento precoz para VIH puede acelerar la progresión hacia el SIDA. En hepatitis, el panorama también es grave: retrasar la atención podría conducir a cirrosis o cáncer hepático. Frente a esto, hospitales como el Lucio Córdova y el Barros Luco reportan decenas de casos pendientes o con entrega tardía de resultados.
A raíz del colapso, el ISP habilitó un sistema manual de contingencia y luego una plataforma alternativa que, aunque digital, sigue operando con lentitud. La institución asegura haber priorizado casos según su urgencia, pero mantiene advertencias públicas sobre intermitencias en su servicio. Pese a estas medidas, la falta de respaldo y descentralización continúa siendo el punto más crítico del modelo actual.
La investigación del ataque reveló que el origen del hackeo sería un ransomware extranjero, probablemente operado desde Reino Unido. Esto sugiere no solo un fallo en ciberseguridad, sino también una peligrosa concentración del poder diagnóstico en un solo ente estatal. Especialistas proponen abrir esta labor a laboratorios descentralizados, como ocurrió durante la pandemia, donde otros centros demostraron capacidad para entregar resultados en menos de 24 horas.
