Julia Chuñil desapareció el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos. Desde entonces, su familia ha denunciado irregularidades en la investigación que lleva el Ministerio Público, primero bajo el fiscal Carlos Bahamondes y luego con su sucesor, Alejandro Ríos. Desde entonces, el caso ha estado marcado por sospechas de criminalización hacia la familia.
Uno de los episodios más controversiales ocurrió tras un operativo policial el 30 de enero de 2025 en la casa de Jeannette Troncoso, hija de Julia. Según la Fiscalía, la intervención fue justificada por el hallazgo previo de un pantalón con sangre que contendría ADN de la mujer desaparecida. Sin embargo, informes periciales descartaron la presencia de sangre o rastros genéticos en esa prenda, poniendo en duda la legalidad del procedimiento.
Durante ese operativo, Jeannette fue llevada a un furgón sin orden judicial ni acompañamiento legal. Ahí, denunció haber sido presionada para inculpar a su marido por la supuesta muerte de su madre, mientras un funcionario de Labocar manipulaba su arma y la fiscal regional Tatiana Esquivel presenciaba el interrogatorio. Ante esto, su familia la buscó por horas sin recibir información oficial sobre su paradero.
Las abogadas Karina Riquelme y Mariela Santana, defensoras de la familia y miembros de CODEPU, acusan a Carabineros y a la Fiscalía de vulnerar derechos fundamentales, configurando posibles apremios ilegítimos. En ese contexto, alertan que el caso ha derivado en prácticas que sobrepasan los límites legales, afectando gravemente a una familia que solo exige saber qué pasó con Julia.
