Australia ha dado un paso significativo al decidir incluir una pregunta sobre orientación sexual en su Censo de 2026, luego de una fuerte presión de grupos LGBTQI+. Esta decisión marca un cambio notable en comparación con censos anteriores, donde estas temáticas fueron ignoradas, causando malestar y sentimiento de exclusión entre las personas LGBTQI+. La inclusión de esta pregunta es vista como un avance importante hacia una representación más precisa y justa de la población, lo que permitirá un mejor desarrollo de políticas públicas inclusivas.
No obstante, Australia no es el único país que ha comenzado a incluir preguntas sobre orientación sexual en sus censos. Reino Unido y Canadá también han integrado estas preguntas en sus encuestas nacionales, lo que refleja un creciente reconocimiento de la importancia de contar con datos precisos sobre la población LGBTQI+. En Estados Unidos, aunque el censo decenal de 2020 no abordó directamente estas preguntas, la Oficina del Censo ha comenzado a incorporarlas en encuestas complementarias como la Encuesta de Pulso de los Hogares (HPS)
En contraste, Chile enfrentó críticas debido a la exclusión de preguntas sobre orientación sexual en su Censo de 2024. A pesar de las recomendaciones de organizaciones de diversidad sexual y de género, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) optó por no incluir estas preguntas, argumentando que se trataba de información demasiado sensible para un censo. Este movimiento ha sido calificado como un retroceso, especialmente considerando que censos anteriores abordaron de manera más directa temas de orientación sexual, y que el país se había comprometido internacionalmente a recolectar estos datos
Ambos casos reflejan enfoques opuestos en la manera en que los gobiernos abordan la representación de la diversidad sexual en sus censos. Mientras que Australia y otros países avanzan hacia la inclusión, Chile parece retroceder, lo que ha generado un amplio debate sobre la importancia de censar a las poblaciones LGBTQI+ para la elaboración de políticas públicas efectivas y la protección de derechos fundamentales