El régimen talibán promulgó un nuevo Código Penal en Afganistán que redefine el sistema judicial y consolida un marco legal profundamente restrictivo para las mujeres. En este escenario, la normativa, firmada por el líder supremo Hibatullah Akhundzada y ya distribuida en tribunales, introduce criterios que organizaciones de derechos humanos califican como regresivos y discriminatorios.
El documento, titulado De Mahakumu Jazaai Osulnama, establece una estructura social jerarquizada en cuatro categorías —clérigos, élite, clase media y clase baja— que influye en la determinación de las penas. De este modo, la posición social del acusado pasa a ser un factor central al momento de juzgar delitos, otorgando amplios márgenes de protección a líderes religiosos y endureciendo castigos para los sectores más vulnerables.
Uno de los puntos más alarmantes es el tratamiento de la violencia intrafamiliar. En particular, el texto habilita a los esposos a aplicar “castigos discrecionales” ante supuestas faltas domésticas. Si existen lesiones comprobables, la pena contemplada puede reducirse a apenas 15 días de prisión, siempre que la víctima demuestre heridas visibles ante un juez, comparezca completamente cubierta y acuda acompañada por un tutor masculino, incluso cuando el agresor sea su propio marido.
El código también dispone que ciertos castigos corporales sean ejecutados por clérigos en lugar de autoridades penitenciarias. A la par, activistas denuncian que cuestionar públicamente la normativa podría considerarse un delito, lo que ha generado un clima de temor dentro del país.
El endurecimiento legal se produce tras un año marcado por graves vulneraciones. Según informes recientes, en 2025 se registraron decenas de homicidios de mujeres, múltiples flagelaciones públicas y centenares de casos de violencia doméstica sin investigación oficial, además de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
