El Parlamento de Irak aprobó enmiendas a la ley contra la prostitución, que incluyen la criminalización de las relaciones homosexuales y expresiones transgénero, con penas de hasta 15 años de cárcel y que en su planteamiento incial contemplaban la pena de muerte. Además, estas enmiendas buscan, según el legislativo, «preservar la decencia moral» en respuesta a «la ausencia de una legislación que castigue los actos homosexuales».
El presidente interino de la Cámara baja, Mohsen al Mandalaui, expresó que esta aprobación es un paso para «proteger la estructura de los valores de la sociedad». Sin embargo, la codirectora interina de Human Rights Watch, Rasha Younes, denunció que esta ley añade insulto a la herida de las personas LGBTQ+ en Irak, quienes ya enfrentan amenazas por grupos armados de carácter religioso.
Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, mostró su preocupación por estas medidas, indicando que limitan derechos fundamentales y podrían afectar la economía iraquí al debilitar la capacidad de atraer inversión extranjera.
Finalmente, a pesar de la oposición internacional, las modificaciones legislativas buscan reafirmar valores religiosos conservadores en el país árabe. Cabe destacar que antes de estas enmiendas, aunque no explícitamente ilegales, las relaciones homosexuales eran perseguidas bajo leyes morales vagas, y la violencia contra la comunidad LGBTQ+ era una constante que hoy parece institucionalizarse de mano de los legisladores iraquíes.
