La investigación por presunta pornovenganza que afecta a la senadora Camila Flores (RN) dio un nuevo giro luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) encontrara videos íntimos de la parlamentaria en dispositivos electrónicos incautados durante un allanamiento en la vivienda de su exesposo, Percy Marín. La pornovenganza corresponde a la difusión o amenaza de difusión de imágenes o registros sexuales sin consentimiento, una forma de violencia digital que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y que busca ejercer control, humillación o daño tras el término de una relación.
En este contexto, Flores denunció ante la justicia que Marín, junto a otras personas, habría participado en la divulgación de fotografías privadas obtenidas de manera ilícita. La senadora sostuvo que la difusión del material responde al despecho derivado del fin de la relación y pidió que los hechos sean investigados con el máximo rigor.
De acuerdo con los antecedentes recopilados, la diligencia fue realizada por la unidad de Cibercrimen de la PDI en coordinación con la Fiscalía. Marín se encontraba en el inmueble al momento del procedimiento y entregó voluntariamente sus dispositivos electrónicos, los que posteriormente fueron periciados por los investigadores.
Tras la revisión de esos equipos, los funcionarios detectaron registros íntimos vinculados al caso que se investiga. El hallazgo pasó a formar parte de la evidencia que analiza el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades en la filtración de imágenes que circularon en redes sociales durante los últimos días.
Mientras tanto, la disputa judicial entre ambos se mantiene abierta. El exconsejero regional presentó anteriormente una demanda por divorcio culposo contra la legisladora, mientras que Flores ha rechazado esas acusaciones y ha señalado que existía una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar en contra de su expareja.
Asimismo, la denuncia generó reacciones en el ámbito político. La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó que la difusión no consentida de imágenes íntimas constituye un delito y llamó a reconocer estas prácticas como una expresión de violencia de género que requiere sanción y protección efectiva para las víctimas.
